< Diciembre 2022 >

El Tribunal Supremo mantiene firme la calidad universitaria

Firma del acuerdo entre el Colegio de Periodistas de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico, el pasado junio.

El Tribunal Supremo mantiene firme la calidad universitaria

El Tribunal ha desestimado el recurso presentado por un campus privado para frenar la criba de calidad

La Fundación Universidad Europea del Atlántico, una universidad privada, presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades. Ahora el Tribunal Supremo lo ha desestimado en su totalidad y les condena a pagar las costas, hasta un máximo de 3.000 euros.

 

El decreto en cuestión es obra de Manual Castells y obliga a los campus (privados y públicos) a cumplir unos criterios mínimos de calidad para ser considerados universidad: que la plantilla tenga un 50% de doctores, que el número de alumnos sea razonable para una universidad, un mínimo de 10 carreras, 6 postgrados 2 dos programas de doctorado, que estén presentes al menos 3 de las cinco ramas de conocimiento y que dediquen al menos un 5% del presupuesto en investigación.

 

Este decreto no molestó a la conferencia de rectores (CRUE), sino que lo recibieron muy bien, afirmando que “no se trata de cerrar universidades ni de frenar la creación de nuevas, sino de que todas cuenten con unos requisitos mínimos”. Además, se daba a las instituciones cinco años (desde julio de 2021) para cumplir con los requisitos, de lo contrario los gobiernos autonómicos las deberían clausurar. En general las universidades públicas solo fallan en precariedad laboral, mientras que en los centros privados falta investigación, profesores más formados y otros requisitos.

 

Pero a la Universidad Europea del Atlántico no le sentó bien la medida y recurrió junto con otros campus. Al Tribunal tampoco le ha gustado el recurso y lo critica duramente: “Dedica más de la mitad de su muy extenso escrito de demanda a hacer un discurso extremadamente genérico sobre la improcedencia de regular en un mismo texto reglamentario las universidades públicas y las privadas (...), a glosar la importancia del reconocimiento de la autonomía universitaria en el artículo 27 de la Constitución, y a señalar que con respecto a las universidades privadas también son relevantes la libertad de empresa y la libertad de establecimiento”.

 

El Supremo responde a estos argumentos dejando claro que “pretender que las universidades privadas operen en el vacío regulatorio resulta manifiestamente insostenible” y señala que con la demanda “la universidad se limita a expresar sus preferencias subjetivas”.

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