Bruselas ha recordado que la renovación del órgano judicial lleva pendiente desde diciembre de 2018, algo que "sigue siendo una preocupación" para los servicios comunitarios, que han instado a modificar el sistema de nombramiento para que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces, en línea con los "estándares europeos", recordando que esa falta de renovación del CGPJ, puede provocar una sensación de vulnerabilidad a la "politización".

 

La Comisión Europea indica también la preocupación por la independencia entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno, señalando a su vez que se han adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones". La institución recuerda la necesidad de "reforzar" la independencia del Fiscal General y desvincular la duración entre su mandato y el periodo de legislatura del Ejecutivo, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.

 

Aun así, el informe señala los avances en la calidad del sistema judicial español, así como considera que la digitalización de la justicia va por buen camino y el Estado miembro está "abordando las deficiencias" detectadas y poniendo en marcha mejoras en materia de recursos para el poder judicial o la duración de los procedimientos. Asímismo en cuestiones de libertad de prensa y pluralismo mediático, la Comisión recomienda garantizar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, disponga de los "recursos necesarios" para reforzar sus operaciones.

 

Ha aconsejado también "trabajar para reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales".  Bruselas insta a solventar los procesos judiciales "lentos y complejos" en los casos de corrupción de "alto nivel". En el análisis general, Bruselas menciona además de a España a Hungría, Polonia y Francia y pide "controles y contrapesos robustos" para garantizar los Derechos fundamentales en este marco.