La Ley de Memoria Democrática, que será aprobada este jueves en el Pleno del Congreso con los apoyos de EH Bildu, provoca controversia dentro del socialismo. Así, varios dirigentes históricos del PSOE han firmado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestándose en contra del acuerdo pactado con los abertzales en el que se extiende el periodo de investigación hasta 1983, al considerarlo "una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica".
El manifiesto ha sido emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, y cuenta con la firma de algunos de los líderes socialistas históricos, como son los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, además de los exministros durante el mandato de Felipe González: Julián García Valverde, Julián García Vargas y Javier Sáenz de Cosculluela. El texto ha sido suscrito también por José María Múgica, hijo de Fernando Múgica, político socialista que además, fue víctima de ETA.
En el comunicado, Rojo y Laborda cargan contra el proyecto de ley al cuestionar el pacto constitucional de 1978, y la reconciliación. "No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica", declara el manifiesto y continúa: "La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia".
Tampoco aceptan la extensión del "periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas", recordando que el "normal funcionamiento de las instituciones", ya permitía que se enjuiciaran las conductas que atentaran contra los derechos de las personas. El comunicado critica que, precisamente este pacto se haya acordado con Bildu, partido al que consideran una "expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación" y que ni tan siquiera "han formulado una condena expresa de aquellos crímenes".
A su vez, los suscritos afirman que comparten el objetivo de reivindicar la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior, contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia. La Asociación aclara su apoyo a las iniciativas para la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil, "así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición", recoge el texto.