La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicaba en pleno enero que el bono de alquiler joven iba a suponer una herramienta para que "la vivienda dejase de ser un gran obstáculo de los jóvenes para su emancipación" y "para que inicien su "proyecto de vida". Sin embargo, con las comunidades autónomas teniendo las competencias en cuestiones de vivienda, tan solo cuatro han abierto el plazo de tramitación de estas ayudas: Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, y más recientemente, Asturias.
Desde esta misma semana, Asturias se unirá a las comunidades que ya tienen el bono de alquiler joven activado. Ha publicado recientemente los requisitos en el Boletín Oficial del Principado, entre los que se indica que "la renta arrendaticia o precio de cesión deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales", mientras que para el alquiler de habitación, "el precio deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales". Esta es la base general, aunque los gobiernos regionales podrán subir ese límite a los 900 euros en zonas donde los precios del alquiler sean muy elevados.
A día de hoy, la mayoría de comunidades no han activado el plazo para la tramitación de esta ayuda. Tan solo Cataluña, la Comunitat Valenciana, Galicia, y ahora, Asturias. Otras cuatro autonomías, Extremadura, Castilla y León, Canarias y La Rioja, han asegurado que están ultimando los detalles para que las solicitudes puedan empezar a llegar a partir del mes de julio. En el caso de la Comunidad de Madrid, también se prevé que se ponga en marcha entre julio y agosto, según la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. Ha justificado la tardanza para la activación de solicitudes con "las imprecisiones del Real Decreto" que les ha obligado a trabajar "a contrarreloj" para resolverlas.
El pasado 9 de marzo se indicó el reparto de fondos del Bono Alquiler Joven en la Conferencia Sectorial de Vivienda, con un total de 400 millones de euros partidos a la mitad entre el ejercicio de 2022 y el de 2023, con 200 millones por cada año. Los mayores beneficiarios en el reparto de fondos, resultaron ser Andalucía con un 17,1%, a razón de 68,4 millones de euros; la Comunidad de Madrid con el 15,3%, es decir 63,6 millones entre ambos ejercicios; y por último, Cataluña con el 14,5% de los fondos, 58 millones de euros. De dicho reparto, tanto Euskadi como Navarra han quedado fuera a causa de su régimen foral propio, que recogen sus propios programas de ayuda.
Con las diferencias entre las comunidades respecto a competencias, calendarios y criterios, se prueban una vez más las dificultades en términos de vivienda, y por tanto la definición de la futura Ley de Vivienda, que se presuponía en marcha para finales de año. Sin embargo, tan solo se ha llevado a cabo una comparecencia en la Comisión para consensuar el texto del proyecto.