Con su histórica decisión del viernes derogando la protección constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha devuelto a Estados Unidos a la era anterior a 1973, cuando se había reconocido esa protección a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas cosas han cambiado radicalmente en 49 años. La revolución tecnológica dispara la alarma ante la posibilidad de que en los estados que ya han empezado a ilegalizar el aborto se exploten herramientas y usos de la era digital para perseguir a las mujeres que abortan, o lo intentan, y a quienes les asisten.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección al derecho al aborto deja en manos de cada estado decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Solo una hora después de que el Supremo tumbara el derecho al aborto, al menos tres estados ya habían prohibido el aborto en todas sus formas.
La decisión de la Corte Suprema, tendrá un efecto devastador sobre millones de mujeres, pero especialmente sobre las más pobres y sobre todo en las racializadas: las negras, latinas y en general en las de origen migrante. La prohibición del aborto no supone que se realicen menos abortos, tal como han constatado los expertos en planificación familiar y de las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, sino que éstos serán más difíciles de realizar, ilegales y de alto riesgo para la vida de las mujeres.
Con la criminalización de prácticamente cualquier interrupción del aborto que esas leyes impulsan, las fuerzas del orden de estados conservadores podrían empezar a examinar todo aquello que consideren que puede dar información sobre si se ha tratado de una cuestión deliberada, ya sea a través de un aborto quirúrgico o a través de píldoras abortivas, con las que se realizan más de la mitad de los abortos en EEUU y cuyo acceso han limitado o prohibido algunos estados. En Misuri se ha propuesto que el envío o la entrega de píldoras se considere tráfico de drogas y Luisiana ha aprobado una ley que convierte el envío de píldoras en un delito penado con hasta seis meses de cárcel.
Las autoridades podrán solicitar a las compañías tecnológicas información personal de aquellas mujeres sospechosas. La ubicación, las búsquedas en internet o el uso de aplicaciones para monitorizar la menstruación pueden servir de pruebas que las incriminen.
Fundaciones defensoras de los derechos de privacidad estén recomendando ciertos trucos para prevenir ese seguimiento indeseado: apagar el uso de la ubicación en el teléfono, utilizar buscadores como Brave o DuckDuck Go y aplicaciones de mensajería como Signal, que son considerados más seguros.