La reunión del Consejo de ministros extraordinario de este sábado ha acabado con la aprobación de un potente y ambicioso Real Decreto Ley que incrementa la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las consecuencias negativas sobre la economía que está teniendo la guerra en Ucrania. Es la consecuencia de la insuficiencia del primer Plan de Respuesta aprobado hace tres meses y que, a pesar de que ha amortiguado el primer golpe, se ha quedado ya ‘agotado’. El ejemplo más claro es la subvención de 20 céntimos por cada litro de gasolina que los consumidores ya no notan en sus bolsillos ante el incesante crecimiento de los precios del carburante.

 

El presidente del Gobierno ha sido el encargado de explicar en una rueda de Prensa las medidas puestas en marcha desde hoy mismo y que estarán vigentes hasta el final de este 2022.

El RDL aprobado supone un esfuerzo presupuestario de 9.000 millones de euros que se concretan en ayudas por valor de 5.500 millones y reducción de ingresos por las rebajas fiscales puestas en marcha de 3.600 millones. El jefe del Ejecutivo ha recordado que hasta finales de año, el Gobierno habrá destinado a la protección de las familias frente a la crisis económica de 15.000 millones de euros.

 

Hay un primer conjunto de iniciativas que busca proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de la subida de los precios de la energía. En este bloque se incluye una de las medidas adelantadas esta semana que es la reducción del IVA de la electricidad del 10% al 5%. Además, queda prorrogada la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina.

 

Otras medidas que llegan son la reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y cualquier título de multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o las entidades estatales. En el caso de los abonos de las comunidades autónomas la rebaja será del 30% que podrán aumentar esa reducción hasta el 50% con recursos propios. La ‘letra pequeña’ de esta rebaja es que se empezará a aplicar desde el 1 de septiembre y hasta finales de año.

La norma recoge medidas específicas para las personas más vulnerables. Se mantienen el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, y el tope del 2% para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual. También se amplía la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Y el aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido en las empresas que reciban ayudas previstas en el Decreto-ley.

 

El presidente ha destacado tres medidas adicionales en este terreno: el aumento en un 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta el 31 de diciembre; una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio; y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.

Otro grupo de actuaciones se centra en los sectores más afectados por la subida de los precios: se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte urbano y por carretera; se destinan ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ya existentes contra la sequía, entre otras iniciativas.

 

El Real Decreto-ley amplía, igualmente, las medidas de protección a los afectados por la erupción volcánica de la Palma y prorroga el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta fin de año.

 

Al margen del decreto-ley, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía.