En concreto, el Ejecutivo propone ahora modificar el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial pueda proponer a sus dos candidatos a relevar a los miembros del Tribunal Constitucional que tienen su mandato caducado desde este mismo mes de Julio. Eso permitiría también al Gobierno proponer otros dos candidatos y renovar a los 4 miembros que toca ahora. 

 

El problema se presenta en otra modificación legislativa que el Gobierno ejecutó en marzo del 2021 por el que se prohibía hacer nuevos nombramientos al CGPJ mientras éste tuviera el mandato caducado. Se trató entonces de un movimiento para ejercer presión sobre el Partido Popular que lleva tres años impidiendo esa renovación y para la que se necesita una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados por lo que los votos del PP son indispensables. Como lo fueron para renovar el Tribunal de Cuentas o el nombramiento del Defensor del Pueblo. 

El pasado 12 de junio terminó el mandato del presidente del TC Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol, y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Con la nueva renovación se produciría un hecho importante y es que se cambiaría la mayoría dentro del alto tribunal y serian los miembros propuestos por el PSOE y partidos de izquierdas los más numerosos justo al contrario de lo que pasa ahora que tienen mayor peso aquellos elegidos a propuesta por el PP.

 

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos ya ha mostrado su desacuerdo con la decisión de la parte mayoritaria de Ejecutivo. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha señalado que la medida no está pactada y ha vuelto a reivindicar la renovación de todos los órganos constitucionales tras el bloque permanente que lleva ejerciendo durante estos años el Partido Popular. 

 

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha advertido que de llevarse a cabo esta nueva modificación se vería gravemente afectada la relación con el PP y que supondría prácticamente “romper todos los puentes” para negociar, una vez más, la renovación del CGPJ. 

Feijóo ha declarado en Telecinco que la reforma del 2021 dejó sin competencias al CGPJ ya que desde entonces no puede nombrar vacantes para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el propio Constitucional. “Y ahora, como le interesa modificar el TC le repone las competencias que le había hurtado”.

 

Lo cierto es que esta renovación ya estuvo pactada y prácticamente sellada hace unos años, pero una indiscreción del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosido, hizo que se rompiera el acuerdo. El senador popular mandó un mensaje a su grupo parlamentario presumiendo que con los nombres pactados podrían controlar la Sala Segunda del Supremo ‘por detrás’ que es justo la que se ocupó de juzgar a los políticos independentistas acusados de sedición por el procés soberanista.