Ayuso recurre a la justicia para bloquear la Ley Celáa en Madrid

Ayuso recurre a la justicia para bloquear la Ley Celáa en Madrid

La Comunidad de Madrid es la única región gobernada por el Partido Popular que se resiste a la nueva ley educativa. Isabel Díaz Ayuso no parece tener el apoyo del resto del PP pero sí el de Vox

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo para modificar el currículo de bachillerato que refleja la Ley Celaá. Es otra de las muchas medidas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, para bloquear la ley educativa en la región. Desde que se aprobó la norma, el Ejecutivo de Madrid ha aprobado leyes a nivel regional para proteger la educación concertada y la semana pasada Ayuso declaró que "revisaría el contenido de los libros de texto".

 

Esta lucha contra la ley impulsada por el Gobierno Central no parece tan clara en el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ningún otro presidente autonómico ha tomado medidas de este tipo ni se ha posicionado junto a Díaz Ayuso. La presidenta sí que cuenta con el apoyo de Vox, partido que ha sido siempre muy crítico con la ley educativa planeada por la ex ministra Isabel Celaá.

El año pasado, tras la publicación de la ley, Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos puntos del texto legal. Esta semana en la Asamblea de Madrid, la portavoz y presidenta del partido de ultraderecha en la Comunidad Rocío Monasterio ha animado a Ayuso a seguir adelante con el recurso: "Sabe que la apoyamos en eso. Pero ahora que se ha dado cuenta de que existe el adoctrinamiento, sea coherente y ejecute asuntos que sí son de su competencia".

 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha defendido su desmarcamiento respecto al resto de su partido: "La representación de todos los ciudadanos madrileños trasciende a las siglas de los partidos" y ha querido dejar claro que "el PP respeta que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones en asuntos de sus propias competencias". Los gobiernos autonómicos tienen derecho a marcar el 40% del currículo educativo.

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