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El Congreso aprueba la tramitación de la ley para abolir el proxenetismo

El Congreso aprueba la tramitación de la ley para abolir el proxenetismo

El pasado 19 de mayo el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”. Este martes, el Congreso ha dado luz verde a la tramitación de esta ley. Aunque ha sido una de las votaciones con más apoyos en lo que va de legislatura –con el ‘sí’ del PP–, algunas formaciones han roto su consenso, y se augura un proceso largo y complejo para alcanzar grandes acuerdos, principalmente dentro de la izquierda. La proposición de ley ha obtenido 232 votos a favor, 38 en contra (entre ellos ERC y la CUP) y 69 abstenciones (entre las que han estado los diputados de EH Bildu, PNV y Vox).  

 

La propuesta sanciona a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad


La propuesta sanciona a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad

La proposición de ley del PSOE encaminada a abolir el proxenetismo ha recibido la luz verde del Pleno del Congreso para seguir adelante con su trámite gracias al apoyo del PP y parte de Unidas Podemos. En concreto, han sido 232 los votos a favor que ha recibido la proposición de ley, 38 en contra y 69 abstenciones.

 

Tanto los populares como los morados han apoyado que siga adelante la propuesta de ley socialista, si bien la medida ha provocado la división en Unidas Podemos: los siete diputados de En Comú Podem han optado por votar en contra.

 

 

La propuesta, un texto de tres folios, recoge la modificación de dos artículos del Código Penal. En concreto, el artículo 187, al que se añade un párrafo que afirma que "se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

 

Además, vuelve a instaurar la tercería locativa con penas de prisión de dos a cuatro años y multas para todos aquellos que utilicen "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico". El texto también criminaliza a los consumidores afirmando que "participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas".

 

 

En su intervención, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y encargada de defender la proposición de ley, afirmó que, según cifras manejadas por el Ministerio del Interior, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, y llamó al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: "En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden". Lastra recordó que la explotación sexual es una "violación de los derechos humanos" y que su partido político tiene la convicción "de que quien decide por necesidad, no decide libremente".

 

Finalmente, Marta González Vázquez, del Partido Popular, hizo una defensa de la proposición y afirmó que "la prostitución no es un trabajo ni puede ser legalizada". "Una sociedad comprometida con la mujeres no puede admitir la prostitución", dijo. Y concluyó que "el Estado no puede ser cómplice de este negocio".

 

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