La Generalitat esquiva aplicar el 25% de castellano en las aulas

El Govern ha impulsado cambios legislativos a última hora para evitar la aplicación de porcentajes de cualquier tipo

La Generalitat esquiva aplicar el 25% de castellano en las aulas

El Govern ha impulsado cambios legislativos a última hora para evitar la aplicación de porcentajes de cualquier tipo

El Govern ha aprobado un decreto a contrarreloj para esquivar la sentencia del 25% del castellano que establece el catalán como lengua vehicular en la enseñanza mientras que el castellano tendrá una "presencia adecuada" a las necesidades de cada centro. La Conselleria de Educació aprobará el proyecto lingüístico de cada centro de modo que la Generalitat se convierte en la responsable legal ante los tribunales. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El 25% del castellano en las aulas debía entrar en vigor a partir de este martes, 31 de mayo. 

 

Este martes terminaba el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había dado a la Generalitat para ejecutar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas y la respuesta política aún no está del todo atada. En una carrera contrarreloj, el Govern aprobó el lunes un decreto que evita la aplicación de porcentajes y establece que el Departament es el responsable último de los proyectos lingüísticos de cada escuela. Apenas este martes los centros han recibido instrucciones sobre cómo adaptar su proyecto educativo a este nuevo marco normativo. 

 

El abogado de la Generalitat argumenta que ninguna normativa, ni la Constitución, ni el Estatut obligan a fijar porcentajes de uso de una y otra lengua y que el Govern, legítimamente, ha optado por otro modelo que prioriza “que se haga un análisis del entorno sociolingüístico de cada centro, de los objetivos de normalización lingüística y que se garantice que los alumnos consiguen el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al acabar la ESO”.

 

El Govern explica al Tribunal que ha puesto en marcha el procedimiento para comprobar que todos los centros cumplen con la nueva normativa: los directores tienen treinta días para responder un cuestionario de 7 preguntas donde deben confirmar que el catalán es la lengua vehicular habitual y de aprendizaje en las aulas y que el castellano también tiene un uso “curricular y educativo”.

 

 

 

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