Este martes terminaba el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había dado a la Generalitat para ejecutar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas y la respuesta política aún no está del todo atada. En una carrera contrarreloj, el Govern aprobó el lunes un decreto que evita la aplicación de porcentajes y establece que el Departament es el responsable último de los proyectos lingüísticos de cada escuela. Apenas este martes los centros han recibido instrucciones sobre cómo adaptar su proyecto educativo a este nuevo marco normativo. 

 

El abogado de la Generalitat argumenta que ninguna normativa, ni la Constitución, ni el Estatut obligan a fijar porcentajes de uso de una y otra lengua y que el Govern, legítimamente, ha optado por otro modelo que prioriza “que se haga un análisis del entorno sociolingüístico de cada centro, de los objetivos de normalización lingüística y que se garantice que los alumnos consiguen el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al acabar la ESO”.

 

El Govern explica al Tribunal que ha puesto en marcha el procedimiento para comprobar que todos los centros cumplen con la nueva normativa: los directores tienen treinta días para responder un cuestionario de 7 preguntas donde deben confirmar que el catalán es la lengua vehicular habitual y de aprendizaje en las aulas y que el castellano también tiene un uso “curricular y educativo”.