Una renovación del CGPJ acordada en y por el Parlamento.

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría más en evidencia que no juega limpio.

Una renovación del CGPJ acordada en y por el Parlamento.

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría más en evidencia que no juega limpio.

Para tratar de poner fin a la situación de bloqueo que ha provocado el PP durante más de tres años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se dispone de una vía de negociación centrada en el Parlamento. Es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial pero que hasta ahora no se ha empleado para resolver esta burla a la democracia y a la Constitución.

Las Cortes tienen obligación legal de proceder a tiempo para renovar el CGPJ. Los fundamentos y el procedimiento a seguir se recogen en el articulo 122 de la CE, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos.

Así, el artículo 567 de la ley, aprobada “casualmente por imposición” del PP en 2013, dice que “cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Por su parte, el 568 señala que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La habitual negociación entre el PSOE y el PP para lograr algo parecido a un reparto de cuotas en la elección de los 20 miembros del poder judicial ha fracasado. Hablamos de un modelo poco transparente y visto por la sociedad con desconfianza, lo que aumenta la desafección ciudadana a los partidos. 

Hay que actuar con la máxima sensibilidad democrática y aportar plena legitimidad a las decisiones sobre una cuestión tan polémica como los nombramientos de los órganos constitucionales. En su elección se deben respetar los requisitos de mérito, competencia y experiencia. 

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, en diciembre de 2018, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una designación por el Parlamento de los doce vocales correspondientes al turno de jueces. Esto demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación de quienes forman parte de la carrera judicial. 

Este grave conflicto institucional debe acabar. Las Cortes han de tomar la iniciativa para recuperar su papel. La nueva vía será compleja pero debe intentarse mediante una metodología basada en el diálogo y la búsqueda del consenso transversal. Una metodología a impulsar por las Presidencias y Mesas del Congreso y Senado, a la que habrá que sumar la participación e implicación de los Portavoces de todos los Grupos.   

Las candidaturas a presentar en el Parlamento serían públicas y estarían valoradas por los partidos, la prensa, el mundo judicial y la opinión pública. Ahora habría que mejorar el proceso parlamentario que sirvió para la polémica elección de Enrique Arnaldo, entre otras personas, como miembro del Tribunal Constitucional. De manera que se desarrollen los mecanismos de deliberación y negociación entre los Portavoces y se cumpla la función de control y evaluación por la Comisión Consultiva de Nombramientos. 

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría más en evidencia que no juega limpio. Lo mismo sucedería a quienes hicieran propuestas a favor de personas no independientes o que no garantizasen la imparcialidad del organismo. 

Ya sabemos que la interlocución y el consenso con el PP son muy difíciles. Pero la puesta en marcha del método de negociación parlamentaria no puede esperar cuando ya se ha constatado que la negociación ajena al Parlamento no culmina con éxito. Se trata, además, de avanzar en la regeneración democrática y en la separación de poderes. 

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa 

San Sebastián, 27 de mayo de 2022. 

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