Comisiones Obreras presentó el pasado lunes recurso contencioso-administrativo, solicitando la paralización de la normativa por entender que el decreto invade capacidades nacionales. Isabel Galvin, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha declarado que este tipo de decretos "dejan bajo mínimos la autonomía de los centros, de los docentes, y los derechos del alumnado".

 

El tribunal ha aceptado las medidas cautelarísimas y ha dado de plazo tres días, concretamente hasta el 27 de mayo, para que el gobierno de Ayuso pueda presentar sus alegaciones. El equipo está preparando un informe "que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la justicia pueda revocar esta decisión".

 

El CCOO pretende parar la entrada en vigor de los aspectos evaluativos que entran en colisión con la LOMLOE. El Decreto estipula unas mayorías cualificadas para tomar decisiones en la promoción de un curso a otro, alejándose de la evaluación individualizada que impone la ley estatal. La Comunidad de Madrid, obliga a una mayoría de dos tercios en el equipo evaluador de la ESO, mientras que en el Bachillerato, la mayoría cualificada es de cuatro quintos para decidir si el alumno pasa de curso con una materia suspensa.

 

Isabel Galvin, ha calificado esta paralización como "un hito": "Estamos ante una decisión muy importante porque hemos conseguido que se paralice la aplicación de un decreto muy negativo para el alumnado, un decreto que se propone mermar la autonomía de cátedra y la libertad de las juntas de evaluación".