El Ministerio de Igualdad, en manos del socio minoritario, modificó algunas de las medidas presentadas en el texto de la Ley del Aborto, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Se permitirá la interrupción voluntaria sin autorización de los padres, a menores de 16 y 17 años y se incluirá un permiso pre parto remunerado desde la semana 39. Sin embargo, se descarta el IVA superreducido en los productos de higiene menstrual, al no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También se hace alusión a las bajas por "reglas dolorosas", algo que ha enfado al movimiento feminista que asegura que esto ya está legislado y "quita más que da a las mujeres". También ha quedado fuera el abolicionismo de la prostitución.
La nueva Ley del Aborto, ha salido adelante este martes del Consejo de Ministros. Desde el primer borrador, Igualdad había hecho modificaciones en algunas propuestas, mientras que otras han desaparecido por la dificultad para llegar a un acuerdo entre todos los organismos y ministerios implicados. De nuevo, las maniobras de la ministra Montero, de Podemos, ha evitado que la Abolición de la Prostituciòn fuera incluida, por lo que el Psoe, se ha visto obligado a presentar ante el Congreso otro Proyecto de Ley para luchar contra la trata y a favor de la abolición de la prostitución.
Ello ha generado el indisimulado hartazgo de la Presidenta de la Comisión de Igualdad, del Congreso y ex vicepresidenta Carmen Calvo que ha expresado en su cuenta de Twitter: "En relación al avance de la abolición de la prostitución, lo primero que tiene que ocurrir es que los partidos regulacionistas den la cara y no se escondan. Usan caminos torcidos y no explican por qué ayer dejaron fuera de protección a las mujeres prostituidas".
Las jóvenes de 16 y 17 años tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sin necesidad del permiso parental previo que había establecido el gobierno del Partido Popular en 2015, siendo la única intervención médica para la que requieren autorización actualmente. Los abortos podrán ser realizados en todos los hospitales públicos, evitando desplazamientos a clínicas especializadas, y se llevará un registro de los objetores de conciencia, garantizando así, que en todos los centros cuenten con el personal sanitario suficiente para llevar el proceso de interrupción a cabo.
Se eliminará como requisito los tres días de reflexión para abortar, así como la entrega de sobres informativos. Cada mujer elegirá el método que prefiera para la interrupción del embarazo, y los centros de salud deberán proporcionar de manera gratuita, las píldoras del día después. También se recoge como medida, la posibilidad de solicitar una baja por incapacidad temporal tras la intervención.
En lo que respecta a la salud menstrual, se propone una baja por menstruación incapacitante, que será costeada por la Seguridad Social, dando la posibilidad de que la mujer se quede en casa o la facilitación de una jornada de trabajo más flexible. Esta medida no plantea un máximo de días, en vista a las necesidades de cada mujer. Este tema, es considerado por el movimiento feminista como innecesario e estigmatizante para la mujer. Ya que todas las mujeres tienen garantizada la baja, por cualquier afección que les genere dolor. Por lo tanto, no es necesario señalar a las mujeres y estigmatizarlas aún mas frente al mercado de trabajo.
El nuevo texto recoge también el reparto de productos de higiene menstrual, como tampones o compresas, en centros educativos y penitenciarios. La medida que prometía un IVA superreducido en estos productos, sin embargo, ha caído al entrar en discordia con el Ministerio de Hacienda, que "no ha querido que la propuesta vaya en esta ley", según Irene Montero. La ministra de Igualdad ha prometido que volverá a discutirse en los Presupuestos Generales del Estado.
El borrador propone, además, un permiso preparto retribuido desde la semana 39, medida, que, tras las negociaciones con el Gobierno, también se ha visto modificada desde el texto inicial, ya que en un principio, estaba prevista a partir de la semana 36 de embarazo.
Igualdad reconocerá a partir de la ley nuevas formas de violencia contra la mujer, como los abortos y esterilizaciones forzosas, malas prácticas durante el periodo de gestación, así como la gestación subrogada. La nueva ley no deja de lado el ámbito de la educación sexual, incluyendo las últimas píldoras anticonceptivas en el catálogo de la Seguridad Social, impulsando la investigación en métodos anticonceptivos masculinos, creando números de teléfono para la atención sexual, además de una indispensable formación del profesorado y los funcionarios de prisiones en educación sexual.