El borrador presentado por el Gobierno en contra de actual norma establecida en el 2010, lucha contra la gestación subrogada al reconocer los vientres de alquiler como una forma de violencia hacia la mujer, sancionando a las agencias que publiciten el proceso, y prometiendo la persecución de aquellas parejas que acudan al extranjero con este fin. En cualquier caso los vientres de alquiler, de facto, es una práctica que en España no está permitida por ley.

 

La nueva ley entra en la materia de la salud menstrual, previendo la concesión de bajas de tres días por menstruaciones dolorosas, además de las bajas temporales por interrupción del embarazo. Además, se propone la eliminación del IVA en los productos de higiene femenina, y la garantía de que los institutos y las prisiones suministren estos productos. La norma contempla, además, el reparto de anticonceptivos en las campañas de educación sexual, y la financiación pública de anticonceptivos hormonales y píldoras del día después.

 

El anteproyecto pretende reformar el modelo para asegurar que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de permiso parental previo. La ley busca garantizar el proceso a través de la salud pública, y, como excepción, en clínicas privadas acreditadas. La nueva medida regularía, además, la objeción de conciencia del personal sanitario, para acabar con esta cuestión a la hora de dificultar el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, y gestionará esta cuestión a través de un registro de objetores.

 

El Gobierno confía en una buena organización de los servicios públicos y en una amplia plantilla de personal sanitario necesario para asistir en el proceso. Además, los plazos para el aborto se mantendrán de forma libre, siempre y cuando quiera la mujer, a partir de las 14 semanas de gestación.