Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, han demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la justicia española alegando que ha vulnerado derechos al "negarse" a investigar actividades presuntamente delictivas del rey emérito, Don Juan Carlos I, escudándose en la inviolabilidad de su figura
Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE), con el apoyo del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, han demandado a la justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humano (TRDH) de Estrasburgo al sostener que al "negarse" a investigar "actuaciones presuntamente delictivas cometidas por Juan Carlos de Borbón" ha vulnerado derechos.
En la demanda apuntan a la "naturaleza opaca" del Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía que, según las informaciones aportadas, no dio "resultado alguno en los más de dos años transcurridos sin practicar deligencias" desde que, en diciembre de 2018, se registrara la querella contra el Rey emérito.
IU y PCE, junto con el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, denuncian que la interpretación del Supremo de la inviolabilidad del Rey Emérito "sirvió para rechazar durante esos más de dos años y archivar de manera sucesiva la querella".
"Esta actuación no mereció tampoco el amparo del Tribunal Constitucional, al que se recurrió en 2021, con lo que se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón", añaden. Así, dentro del plazo de seis meses previsto por el TEDH, a contar desde la última actuación judicial en el país de origen, ambos partidos presentaron la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo.
Según los demandantes se ha vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), "al que está obligada España" cuando el TS "con un claro ánimo exculpatorio a ultranza archivó sin practicar diligencia la querella".
Desde IU y el PCE exponen como el Supremo vulneró los artículos 6.1 y 13.1 al archivar su querella, los cuales hacen referencia al derecho fundamental a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva por parte de un tribunal independiente e imparcial.
Respecto a esta última, justifican que las actuaciones de la Fiscalía son "ajenas" al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica y su desarrollo esta "vetado al público".
Denuncian que la interpretación del Supremo de la inviolabilidad del Rey Emérito "sirvió para rechazar durante esos más de dos años y archivar de manera sucesiva la querella"
Los demandantes denuncian que, con los argumentos del Supremo para archivar la querella y de la Fiscalía para no investigar, se "le ha concedido una suerte de inmunidad para ser impune ante la comisión de cualquier delito, lo que va en contra de la legislación europea".
De esta manera, sostienen que "la justicia española ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna".
Además, hacen referencia a la reciente decisión de un juez británico de continuar con la causa abierta en Reino Unido contra el Rey emérito ante la demanda de su examante Corinna Larsen, destacando como "la justicia británica considera que no puede ampararse en ningún tipo de inmunidad".
En la demanda también critican la actuación de los magistrados del Supremo que rechazaron la querella. "De esta forma, se produce una apariencia de "falta de imparcialidad" similar a la que ya le valió una condena a España por parte de la justicia europea en otro caso", sentencian.