El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado el reparto de 200 millones de euros, provistos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, para desarrollar medidas de protección social enfocadas en la protección de la familia, la atención a la pobreza infantil y a prestaciones básicas de los servicios sociales
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, y las comunidades autónomas han pactado este jueves el reparto de 200 millones de euros, provistos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para poner en marcha medidas de protección social orientadas a la protección de la familia, la atención de la pobreza infantil y a prestaciones básicas de los servicios sociales.
Este año la partida destinada a medidas sociales es de 198,7 millones de euros, lo que supone un aumento de más de 39 millones que permitirá, según apuntan desde el Ministerio de Derechos Sociales, "reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales, lograr una mayor cobertura en los programas de apoyo a las familias y lucha contra la pobreza infantil y articular con más recursos una mejor respuesta a estas situaciones".
Más específicamente, 50 millones se dedicarán a programas de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, un aumento de 5 millones con respecto al año anterior; y 15 millones irán destinados al Programa VECA, que apoya programas de ocio educativo en las vacaciones de verano para los niños en situación de vulnerabilidad.
El incremento de la aportación deberá destinarse, al menos un 20%, a incrementar las plantillas de personal de servicios sociales
Una de las novedades del reparto de este año es la parte de los fondos destinados al despliegue de la LOPIVI, la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Unos 25 millones se emplearán para reforzar los Equipos de Atención a la Infancia y la Familia en los servicios sociales de atención primaria, según contempla la ley.
Según ha señalado el Ministerio, encabezado por Belarra, el incremento de la aportación que recibirán las comunidades o ciudades autónomas deberá destinarse, al menos un 20%, a incrementar las plantillas de personal de servicios sociales de la atención primaria.
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA han acordado el reparto del crédito del Plan de Desarrollo Gitano, que contará con una asignación de 2 millones de euros, 500.000 euros más que en 2021.
Además, se han aprobado los criterios de reparto del programa de lucha contra la privación material del Fondo Social Europeo Plus, con 563 millones de euros. Para ello, se tenido en consideración a la parte de la población que está en una situación de privación material severa.