La ley que modifica el Código Penal para poder castigar el acoso a mujeres que acuden a clínicas abortivas ha superado su paso por el Senado. Esta nueva norma blinda el derecho de las mujeres a la libre interrupción del embarazo sin que ellas o personal sanitario pueda ser acosado. Solo se han mostrado en contra el Partido Popular y Vox.
Como resultado de la aprobación de esta nueva norma, el Código Penal pasa a castigar a las personas que se concentren frente a clínicas abortivas, hostiguen o traten de impedir que las mujeres puedan acceder a este derecho. Las penas que se contemplan van desde tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficios de la comunidad entre 31 y 80 días.
Los casos que contempla esta modificación de Código Penal incluyen además el acoso al personal sanitario de las clínicas abortivas o de la sanidad pública que intervenga en la interrupción del embarazo. Además, no será necesario que exista una denuncia por parte de la mujer o de los sanitarios para que se inicie el procedimiento.
Los socialistas alertan del riesgo que supone la ultraderecha para los derechos de las muejeres
La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha asegurado que esta nueva norma blinda “el ejercicio libre, sin amenazas ni coacciones, de un derecho reconocido”. Granados ha reseñado “la vulnerabilidad y desgarro emocional al que se enfrentan las mujeres en estas situaciones de violencia y chantaje emocional, y también la "trampa de camuflar estas situaciones de violencia como manifestaciones de libertad de expresión”.
Granados ha alertado del riesgo de “derivas autoritarias” de países como Polonia y Hungría. Ha señalado que “hoy los enemigos de la democracia, los enemigos del feminismo, los enemigos de las mujeres y de sus derechos están en Varsovia o en Budapest, pero también en Valladolid”. En alusión a los grupos políticos de extrema derecha que han accedido a los Gobiernos de esos territorios. En el caso español se ha referido al pacto de Gobierno en Castilla y León entre PP y Vox. “Accede la ultraderecha a las instituciones y los derechos de las mujeres se ponen en peligro”.
Los únicos partidos que han votado en contra de esta medida han sido precisamente el Partido Popular y el partido ultraderechista Vox. Para los populares la medida aseguran que supone un ataque a la libertad de expresión de las personas que quieren manifestarse frente a clínicas abortivas, entre otras. Aseguran además que esta norma está basada en cuestiones ideológicas, de esta forma se aproximan a una retórica más cercana a la ultraderecha representada en Vox, que ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional esta nueva norma.