Asesinato del niño de Sueca, la descoordinación que deja desprotegidas a las mujeres maltratadas y a sus hijos

Asesinato del niño de Sueca, la descoordinación que deja desprotegidas a las mujeres maltratadas y a sus hijos

El órgano de Gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no acierta en el abordaje de la lucha contra la violencia machista desde el sistema judicial. Prueba de ello son estos cuatro ejemplos que expongo a continuación, ocurridos todos ellos en los últimos días.

Hace unos días se creó en la Ciudad de Zaragoza el tercer Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Muy buena noticia, porque los dos existentes hasta entonces están sobrepasados de trabajo. La noticia venía acompañada del deseo, manifestado a los medios de comunicación, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reestructurar algunos Juzgados de la provincia y, en ese nuevo reparto, atribuir a este nuevo Juzgado, ubicado en Zaragoza Ciudad, la competencia para conocer de las denuncias por violencia de género de tres ciudades: Ejea de los Caballeros (80 kms), Tarazona (86 kms) y la Almunia de Doña Godina (54 kms). 

Esa atribución de competencia significa que el nuevo Juzgado conocería también de todos los procesos que en el ámbito del Derecho de Familia tengan lugar en las familias en las que se haya producido una denuncia por violencia de género. Una de las absurdas razones argüidas por el CGPJ fue que así sería más fácil que las mujeres denunciaran, porque no tenían que hacerlo en el lugar en el que residen. Pero no se pararon a pensar que llevarse el Juzgado a casi 100 kms es dificultar aún mucho más que las mujeres denuncien y supone no tener en cuenta el coste para las mujeres en tiempo y en dinero, habida cuenta, además, que tendrían que ser varios los desplazamientos a hacer.

En una situación en la que el 80% de la violencia machista que se produce en las relaciones de pareja no se denuncia, esta es una medida contraria a lo que debe hacerse para acercar la Justicia a las mujeres y ganar su confianza. Afortunadamente el Gobierno de Aragón tiene mucho más sentido común y ha rechazado tal posibilidad instada por el CGPJ.

El segundo acontecimiento ocurrió también hace una semana cuando tuvimos noticia sobre un cartel que, incluido en una exposición en Palma de Mallorca entre otros treinta más, había indignado al parecer al CGPJ y a las diferentes asociaciones judiciales, al extremo de que el Gobierno balear, organizador de la exposición, lo retiró. El cartel era obra de Diana Raznovich y estaba incluido en una exposición sobre micromachismos, siendo su contenido un dibujo crítico humorístico relativo al descreimiento de un juez del testimonio de una víctima de violencia machista, situación frecuente por otro lado. La censura funcionó y el cartel fue retirado de la exposición. Como si eso fuera lo más normal. 

El tercer acontecimiento relacionado con el sistema judicial y su mal funcionamiento ha ocurrido hace dos días y todo el mundo hemos visto, con horror, cómo un niño de 11 años ha sido asesinado por su padre en Sueca, Valencia, para mayor dolor de la madre del niño de quien el padre se hallaba divorciado y había sido condenado como autor de un delito de violencia machista. Este mal padre vio suspendidas las visitas con el hijo en el proceso penal, en cumplimiento de la vigente Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infancia frente a la violencia.

Al parecer, el o los episodios denunciados de malos tratos se produjeron tras la interposición por la madre del menor de la demanda de divorcio, si bien el procedimiento penal se tramitó antes de que finalizara el de divorcio, como es lógico, al ser más urgente.

En el proceso de divorcio, el padre y la madre llegaron a un acuerdo, lo que no está prohibido, pero pactaron en su convenio la custodia compartida de su hijo. Y eso sí que está prohibido por la Ley 1/2004, de medidas de protección integral frente a la violencia de género. Los firmantes no tienen por qué saber la prohibición; sus letrados, sí tienen obligación de saberlo. Pero el convenio fue visado por el Fiscal al existir un menor de edad y homologado por el Juez. 

El fiscal y el juez fueron de la misma localidad que el Juzgado que dictó la sentencia condenatoria por violencia machista, de Sueca, y no sabían que existía una condena por violencia de género, no tenían por qué, pero tampoco comprobaron si el contenido el convenio se ajustaba o no a la ley. Y lo aprobaron sin enterarse de que conculcaba dos leyes fundamentales para luchar contra la violencia machista: la conocida como Ley Integral y la reciente Ley de protección integral a la infancia.

Inicialmente se responsabilizó del “fallo” a denunciante y denunciado y a sus letrados por no advertir al Juzgado de que existían antecedentes por violencia machista en la familia que trataba de divorciarse. Y cuando alguien gritó que eso era echar balones fuera, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que existió un fallo de coordinación entre los Juzgados. Falla algo que ya existe, pero cuando no existe esa coordinación, lo que hay es falta de previsión. Y no es tan difícil crear una base de datos y hacerla accesible para todos los Juzgados de Familia. Hay bases ya creadas que comparten Juzgados y funcionan, como son las de antecedentes penales.

El último hecho que quiero referir es el asesinato machista en Nohales (Cuenca) de una mujer por su ex marido, quien tenía una orden de alejamiento, no obstante, lo cual consiguió llegar hasta su casa, entró en ella y la asesinó. Tenía dos hijos menores de edad que quedan huérfanos por decisión de su padre.

Común denominador de los acontecimientos anteriores es el desenfoque de la lucha contra la violencia machista y la desprotección de las víctimas, manifestación de un sistema judicial machista y obsoleto. El Estado español ha sido requerido por ello recientemente en varias ocasiones, tanto por el Comité de la CEDAW, como por el GREVIO, órgano de personas expertas que verifican el cumplimiento del Convenio de Estambul por los Estados firmantes. 

La buena noticia es que cada vez hay más juezas, jueces y fiscales que analizan los hechos y las leyes desde un paradigma de igualdad y el resultado es justo el contrario a éste que denuncio. Es urgente un cambio en la Justicia, porque el descreimiento y la desprotección que perciben son los motivos principales por los que el 80% de las mujeres que sufren violencia machista en su relación de pareja, no acuden al Juzgado para resolverlo. Y esto, además de ocasionar entre 50 y 60 mujeres asesinadas cada año, más otro número de niñas y niños también asesinados o huérfanos, con todo el dolor que ello representa, es la prueba de que nuestra democracia es deficitaria para más de la mitad de la población, las mujeres, y es evidencia también de un fracaso del Estado de Derecho, porque cuando una persona tiene derecho a ser protegida, hace todo lo que debe hacer para obtener la protección y se la desprotege, el fallo nunca es de la ciudadana, sino del Estado. Y estos fallos son la principal causa de desmoralización para las mujeres que sufren violencia machista y permite la impunidad de los delincuentes. Por eso, hay que ponerle ya fin.

Desde el feminismo urgimos la renovación del CGPJ con la esperanza de que se incorporen a él personas que aporten la visión igualitaria del Derecho, única manera eficaz de abordar desde el sistema judicial la lucha contra la violencia machista, es decir, protegiendo a las víctimas y sancionando a los victimarios.

 

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