Los empresarios Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y Naty Abascal, y Alberto Luceño Cerón, se embolsaron supuestamente seis millones de euros en comisiones por dos contratos por la adquisición de material sanitario en lo más duro de la pandemia. Ahora, elDiario.es ha desvelado que la Fiscalía Anticorrupción está investigando estos contratos.
El empresario Luis Medina Abascal, el hijo menor del duque de Feria y Naty Abascal, pocas semanas tras el estallido de la pandemia, se afanó en contactar con el encargado de comprar material a través de la empresa pública funeraria de Madrid. Esta empresa, a diferencia del Ayuntamiento, si podía adelantar dinero público para las compras de material sanitario. Su única función fue poner en contacto al cargo del consistorio y a su amigo empresario, Alberto Luceño Ceron, especializado en importar material textil de Asia. Por esas llamadas recibió, supuestamente, un millón de euros.
Luceño Ceron, por su parte, recibió tres contratos. Un primero para importar mascarillas FPP2 y KN95, por valor de 6,2 millones de euros. Un segundo contrato de 4,6 millones de euros para adquirir guantes de nitrilo. Y un tercer acuerdo de 3,9 millones de euros para suministrar test de autodiagnóstico. El segundo de los tres contratos fue cancelado al entregar el empresario guantes de baja calidad. Para ese momento ya se había formalizado el tercer y último contrato, por esa razón no recibió más.
Es por eso que la Fiscalía Anticorrupción investiga tan solo las adjudicaciones para hacerse con mascarillas y test de autodiagnóstico. Es decir, de dos contratos por un valor en torno a 10 millones de euros, seis millones habrían sido comisiones para estos empresarios. Un millón acabó, supuestamente, en la cuenta de Medina Abascal y otros cinco habrían acabado en las manos de Luceño Ceron.
Anticorrupción investiga los contratos desde 2020
Tal y como ha adelantado elDiario.es, Anticorrupción solicitó en noviembre de 2020 los contratos, las actas del Consejo de Administración de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) y la composición del mismo. En diciembre de ese año, el fiscal solicitó los mensajes de teléfono, la mensajería instantánea de las fechas de las compras y los correos de su cuenta de mail corporativo del encargado que contactó con los empresarios. Toda la información ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Madrid.
Lo cierto es que Anticorrupción ya ha abierto investigaciones de naturaleza similar en otras administraciones, pero a pesar de ser transacciones de dudosa moralidad, no son en muchas ocasiones constitutivos de delito. En el momento en el que se realizaron las compras el estado de alarma facultó a las administraciones a poder realizar compras sin someterlas a concursos públicos, en un momento en el que el mercado de material sanitario estaba desbordado por exceso de demanda y se vendía al mejor postor.
Los contratos se realizaron "en precio según oferta y demanda del momento”, según informa el Ayuntamiento
Reacciones políticas
La presunta existencia de estas millonarias comisiones ha despertado la preocupación de todas las formaciones políticas del municipio. Desde el Ayuntamiento, han asegurado que ellos son los primeros interesados en “conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos”, además aseguran estar “prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos”.
Desde el consistorio madrileño explican que los contratos fueron canalizados a través de la empresa municipal funeraria, y “en precio según oferta y demanda del momento”. También afirman que “los contratos de emergencias del COVID han sido remitidos al Tribunal de Cuentas”.
Desde la oposición se han sucedido las críticas al alcalde José Luis Martínez Almeida. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha criticado a través de su cuenta de Twitter la gestión de “los gobiernos del PP”, que ha asegurado que “aprovecharon la crisis para llenar los bolsillos de sus amigos”. Aunque, lo cierto es que todavía no se ha demostrado una relación de amistad entre el actual alcalde de la ciudad y alguno de los empresarios beneficiarios de estos contratos. Maestre ha cargado contra el alcalde por “no informar a ningún grupo político” del seguimiento de estos contratos por parte de Anticorrupción.
Por su parte, Mar Espinosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha instado a Martínez Almeida a dejar la alcaldía y ha afirmado a través de un tweet: “No entienden otra forma de hacer política que no sea hacer negocio para los suyos”.