El diputado del PP que se equivocó votando la reforma laboral, investigado por el Supremo

Alberto Casero, diputado del PP y ex alcalde de Trujillo (Cáceres), habría cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa y malversación

El diputado del PP que se equivocó votando la reforma laboral, investigado por el Supremo

Alberto Casero, diputado del PP y ex alcalde de Trujillo (Cáceres), habría cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa y malversación

El diputado del Partido Popular, Alberto Casero, saltó a la fama tras la su equivocación en la votación de la reforma laboral. Pero sus ‘gazapos’ políticos no son, por lo visto, ninguna novedad. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha indicado la existencia de “indicios sólidos de que durante los años 2017 y 2018 realizó distintos actos de contratación sin someterse al procedimiento legalmente previsto comprometiendo el pago de diversas cantidades sin comunicárselo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios". Casero asegura que no abandonará a su acta de diputado.

 

El Tribunal Supremo ha abierto una causa al que fuera ‘mano derecha’ de Teodoro García Egea, Alberto Casero, para investigar acuerdos y contratos que habría hecho durante los años 2017 y 2018, cuando era alcalde de Trujillo. Estos pactos para prestaciones de servicios se habrían realizado sin sujetarse a los procedimientos establecidos y recurriendo a la categoría de contratos menores para evitar concursos en las adjudicaciones.

 

Los contratos y convenios cerrados por Casero que se investigan se elevan a cinco, ascendiendo a un montante de 94.000 euros, según afirma elDiario.es. Entre ellos aparecen contrataciones a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, del que no hay constancia de que prestara el servicio para el que fue contratado y que costó al Ayuntamiento 3.000 euros tras una condena de un juzgado de Cáceres.

 

También aparecen adjudicaciones para la celebración de un ‘gastro-tour’ de Perú en Trujillo, fruto de un convenio con la Cámara de Comercio de Perú en España. De este acuerdo no se publicó nada en el Boletín Oficial, ni se sometió a ningún escrutinio público, tal y como apunta elDiario.es. La celebración de este tour gastronómico dejó un sabor de boca amargo en la boca de los trujillanos, nunca mejor dicho. Tres años después de que se celebrase la Cámara de Comercio de Perú interpuso un recurso reclamando al Ayuntamiento una deuda de 30.250 euros. 

 

Entre los investigados por Supremo hay contratos para la celebración de un 'gastro-tour' de Perú, para servicios psicológicos a mujeres supervivientes de violencia de género o la celebración de una Feria Internacional del Queso.

También se suma a lo anterior una entrega de premios de la asociación cultural Bon Vivant. Casero se comprometió verbalmente a que la entrega de premios de la asociación se celebrara en Trujillo a cambio de un patrocinio por valor de 18.000 euros. Hasta entonces ese había sido el valor máximo de los contratos menores. Del acuerdo no fue informado el consistorio ni se tramitó un expediente de contratación ni la aprobación del desembolso. 

 

La misma operación se repitió un año más tarde, con la diferencia de que el máximo para la adjudicación de contratos menores se rebajó a 15.000 euros. En esta ocasión las facturas, simplemente, no fueron pagadas. 

 

Entre las adjudicaciones se encuentra también la cerrada con la empresa “ICARO Constructores en Comunicación”, en este caso el Ayuntamiento no conoció que sería esta compañía la encargada de organizar el evento gastronómico de más relevancia en el municipio: la Feria Internacional del Queso. Estas irregularidades supusieron unos costes al Ayuntamiento de 17.300 euros tras dictaminarlo un juzgado de Cáceres. Pocas semanas después llegó el último contrato. Una promoción encargada a Radio Interior para promocionar la Feria de Queso, todo ello sin concurso y con la misma opacidad que el resto. La emisora demandó al consistorio y Trujillo tuvo que pagar 18.100 euros a la compañía.

 

Pese a todo, Alberto Casero ha asegurado que tiene intención de mantener su acta de diputado. Al llegar al Congreso de los Diputados, el ex alcalde se ha limitado a decir “si, si”, al ser preguntado sobre su voluntad de mantener su estatus de aforado. De hecho, si el Supremo decide actuar contra él, deberá pedir autorización al Congreso debido a su aforamiento. Esta solicitud debería ser enviada a la Comisión del Estatuto del Diputado, de la que el propio Casero es vicepresidente.

 

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