Alberto Casero, el diputado del Partido Popular que se equivocó en la votación de la reforma laboral que derivó en su aprobación, será investigado por irregularidades en varios contratos que adjudicó cuando fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo (Cáceres).

 

Según informa Cadena Ser, la sala de lo penal dice que "existen indicios sólidos de que durante los años 2017 y 2018 realizó distintos actos de contratación sin someterse al procedimiento legalmente previsto comprometiendo el pago de diversas cantidades sin comunicárselo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios". Es decir, la investigación se debe a la supuesta adjudicación de distintos contratos a dedo, que sumaron más de 123.000 euros.

 

Alberto Casero, quien fue mano derecha del ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, habría contratado a un psicólogo ocultando el proceso al consistorio que dirigía, sin aportar el contrato, sin un expediente de contratación, sin un informe que justificara la necesidad de contratar un psicólogo y, finalmente, sin una aprobación del gasto. La lupa de los jueces también está puesta sobre un pago de 25.000 euros a la Cámara de Comercio de Perú, un contrato de patrocinio de 18.000 euros con la Asociación Cultural Bon Vivant, un contrato de 14.000 euros con una consultora y otro de 15.000 euros con una emisora de radio para promocionar la Feria del Queso de Trujillo.

 

La decisión del Alto Tribunal tiene lugar después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad elevara la causa al Supremo al considerar que los hechos podrían constituir indiciariamente un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, según recoge el auto del Supremo, entiende que hay también indicios de un delito de malversación.