Al llamamiento realizado por la organización ecologista WWF para frenar la ley del Gobierno andaluz de regularización 1.460 hectáreas de regadío “fuera de la ley” en el entorno de Doñana, se han sumado 25 organizaciones científicas y un millar de científicos a título individual. La propuesta legislativa de PP, Ciudadanos y Vox, contó con la abstención del PSOE andaluz
El pasado martes un grupo de grandes compañías de la distribución alimentaria de Europa se unían a la campaña de WWF España que trata de frenar el plan de Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, de amnistiar casi 1.500 hectáreas de riegos irregulares. Esta iniciativa del Partido Popular, Vox y Ciudadanos amenaza, según la organización, con empeorar la situación del “pulmón de Europa”, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Entre las empresas que se han sumado a la causa de la organización ecologista están: Aldi, Lidl, Spar, Tesco, Asda, Axfood, Coop, Denner, entre otras, que llegan a sumar 23 adhesiones.
A la cruzada contra la “amenaza que desoye las voces de alarma que la comunidad científica”, se sumaron un total de 25 sociedades científicas y un millar de investigadores y académicos a título individual. En su último informe secundado por esta gran cantidad de miembros de la comunidad científica, WWF afirma que además del riesgo medioambiental que supone la amnistía de los regadíos “fuera de la ley”, se “pone en riesgo el prestigio y fama de esta comarca, consecuencia de albergar el parque nacional, de cuyos beneficios disfrutan sus habitantes”.
El presidente regional se desmarca de todo, ni se ha “planteado una amnistía a regadíos ilegales”, afirmación que en su opinión es “un mantra que repiten partidos y organizaciones pero que no es cierto”. Moreno asegura que el problema medioambiental de Doñana es culpa de la inacción del Gobierno central, que a su juicio debería realizar obras hidráulicas para satisfacer las necesidades de los regantes. Es decir, realizar los trasvases de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras y la Demarcación del Guadalquivir. Considera que así los regadíos se alimentarían de “aguas superficiales, no de sondeos hacia abajo”.
Hasta ahora se han pronunciado en contra de la propuesta de PP, Vox y Ciudadanos, 23 grandes supermercados europeos, 25 sociedades científicas, un millar de investigadores, la Comisión Europea y la Unesco.
Sin embargo, las posiciones del presidente andaluz y de los partidos que han apoyado u abstenido en la votación de la iniciativa chocan frontalmente con el informe de WWF. Doñana lleva, según el documento, “desde el año 2011 está inmerso en un periodo seco donde las precipitaciones medias están al límite o muy por debajo de las registradas en el último medio siglo”. Esta tendencia de disminución de las precipitaciones es “global”, según reza el documento, y se acentuará con el “cambio climático”. Por ello instan a una “gestión basada en las evidencias científicas".
Respecto a los trasvases dibujados por Moreno como la única salvación y culpa del Gobierno central, el millar de firmantes no lo consideran como una opción viable. “El trasvase de aguas desde un origen más lejano, además de generar expectativas inalcanzables y un efecto llamada, no va a evitar afecciones importantes en el entorno del parque nacional, como la entrada de fertilizantes y productos químicos fitosanitarios usados en los cultivos”, aseguran.
Esta propuesta de ley de los partidos de la derecha andaluza ya cosechó, pocos días antes de ser votada, la reprobación de la Comisión Europea. La advertencia fue tajante, en caso de que saliera adelante la iniciativa la Comisión podría acudir, de nuevo, al Tribunal de Justicia Europeo e imponer sanciones. No sería la primera vez, en junio de 2021 se condenó a España por no proteger Doñana del expolio de agua, y esta nueva medida tan solo agravaría una situación de por sí complicada.
La directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en febrero advirtió a España de no haber “concluido que se están aplicando todas las medidas para alcanzar la conformidad con la sentencia”. Fink-Hooijer calificó de “desconcertante” que España y el Gobierno Andaluz estén “contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia”. La directora general también aseveró que la iniciativa es una “auténtica temeridad” y la tildó de “engaño” a los agricultores al generar “falsas expectativas”.