La defensa de Don Juan Carlos I había alegado que el exmonarca gozaba de inmunidad ante la demanda presentada por la examante del emérito, Corinna Larsen, por la que solicita una indemnización por los costes de su tratamiento de salud mental, la “instalación de medidas de seguridad” y la contratación de “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para frenar el “acoso” de Juan Carlos. Ahora la Justicia británica da ‘luz verde’ a la demanda de Larsen.
El magistrado Matthew Nickin, del Tribunal Superior de Justicia británico, ha asegurado que el exmonarca no goza de inmunidad en Reino Unido. Nickin rechaza así la postura de la defensa de Juan Carlos que asumía la posición de ‘soberano’ de su representante a pesar de haber abdicado en 2014.
Para el juez británico es claro que “solo hay un Rey de España y jefe del Estado de España”, que es Felipe VI desde la renuncia a la corona por parte de su padre. De esta forma, el Tribunal Superior Británico acepta la “posición constitucional especial” de Don Juan Carlos tras abdicar, pero recalca que el emérito “no es ni soberano ni jefe de Estado”, por tanto es susceptible de ser procesado.
Corinna Larsen, examante del Rey, presentó una demanda en la que reclamaba al exmonarca una indemnización por los servicios de salud que Larsen habría tenido que contratar fruto del “acoso” recibido de Juan Carlos I. Además de solicitar una compensación por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección", y por la contratación de "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para intermediar entre Juan Carlos y ella.
El Tribunal Superior de Justicia británico no contempla la inmunidad de Don Juan Carlos, que ha visto archivar todas sus causas en España.
“En su forma más cruda, el argumento (...), si se acepta, significaría que si, mañana, el demandado entrara en una joyería en Hatton Garden y roba un anillo de diamantes, no podría enfrentar ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción", señala en el documento al que ha accedido Europa Press. De esta forma, el Tribunal Superior ejemplifica los argumentos en contra de la defensa del emérito.
Además, el juez ha hecho mención a una sentencia previa de Augusto Pinochet, ex dictador chileno. "Sería una afrenta a la dignidad y soberanía del Estado que personifica y una negación de la igualdad de los Estados soberanos", si no pudiera ser sometido a la jurisdicción de los tribunales por actos públicos o asuntos privados.
Esta decisión llega en unas circunstancias en las que las diligencias del ex rey han sido archivadas en España, quedando libre de todo reproche judicial tras las regularizaciones que hizo durante 2021. Pese a ello, la justicia española ha dictaminado que de facto Juan Carlos evadió su responsabilidad fiscal por importes millonarios, pero al hacerlo durante su estancia en la Jefatura del Estado no hay posibilidad de juzgar estos delitos.