Más de 200 asociaciones feministas firman un manifiesto alertando del antifeminismo de Vox

Más de 200 asociaciones feministas firman un manifiesto alertando del antifeminismo de Vox

Vox llegaba al gobierno de Castilla y León tras pactar con el PP e imponer unas demandas que han provocado la reacción del feminismo en España, donde más de 200 asociaciones han firmado un manifiesto contra el "antifeminismo de Vox" y su propuesta de "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar"

Un total de 248 asociaciones y colectivos feministas de toda España han reclamado en un manifiesto, promovido por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, "que se extreme la diligencia debida institucional a la que obliga el artículo 5.2 del Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul)".

 

Así, piden que no se permita "cualquier incumplimiento de las obligaciones específicas para la prevención, detección temprana, sensibilización, apoyo, reparación y protección frente a esta violencia establecidas el marco jurídico vigente".

 

Estas demandas surgen a raíz de la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León de la mano del Partido Popular y de su  "antifeminismo" con propuestas como la "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar". 

 

El nacimiento del manifiesto se da tras conocerse "la atribución de responsabilidades de gobierno de una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres". 

 

Ante la llegada de la extrema derecha, han expuesto como extremarán "la vigilancia ante cualquier disposición o acto que implique un retroceso en las obligaciones de prevención, detección temprana, apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección de mujeres y menores expuestos y reparación del daño ante cualquier manifestación de la violencia de las que son víctimas específicas las mujeres".

Piden que no se permita "cualquier incumplimiento de las obligaciones específicas para la prevención, detección temprana, sensibilización, apoyo, reparación y protección frente a esta violencia establecidas el marco jurídico vigente"

Pese a que la Junta de Castilla y León no puede modificar la Ley contra la Violencia de Género estatal, pues es una norma orgánica, sí podría sacar adelante una norma que persiga "que todas las personas tengan el mismo tratamiento a nivel legal, sean huérfanos, hombres, mujeres, abuelos… a sabiendas de cuál es el ámbito competencial de la Junta, que no puede derogar una ley orgánica, sino proteger a las víctimas", como abogó Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León y futuro vicepresidente. 

 

La "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", como condición para pactar con el PP en Castilla y León, enfureció a todos los sectores feministas no solo de la comunidad autónoma sino también en el Gobierno central donde aparecieron las primeras voces críticas como la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la de la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, junto con la de muchas otras de organizaciones y colectivos feministas. 

 

El manifiesto, realizado el 21 de marzo, denuncia "ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones que les conciernen, que pueda impulsarse desde el gobierno de Castilla y León y que implique contravenir los derechos fundamentales de los que como personas son titulares las mujeres y la normativa que los ampara y desarrolla".

 

Así, el texto pide "el apoyo y diligencia debida que les concierne" a diputados, senadores, procuradores, al Defensor del Pueblo y la Comisión de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como a otras instituciones. 

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