El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha trasladado su descontento con la nueva postura adoptada por el Gobierno español en torno al conflicto del Sáhara Occidental. Ghali ha criticado la nueva posición del Ejecutivo por la que se apoya el plan de Marruecos en torno a este territorio, algo que ha calificado de “ilegal e inmoral”.
“Supone una violación flagrante de la legalidad internacional”, ha espetado Brahím Ghali, el presidente de la República Saharahui y secretario general del Frente Polisario, en declaraciones a la televisión argelina. “El Sáhara Occidental no es marroquí según el Derecho Internacional y la decisión sobre la soberanía del mismo reside exclusivamente en el pueblo saharaui”, ha sentenciado Ghali.
Estas rotundas palabras obedecen al giro en la posición del Gobierno al abandonar su posición de neutralidad que ha mantenido España durante casi cincuenta años. El pasado viernes el Ejecutivo respaldó el plan autonomista de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, de esta forma se ha claudicado a la condición de Rabat de reconocer esta región como un territorio marroquí, algo que ya habría hecho, Estados Unidos, Francia y hace pocos meses Alemania.
Otra división en el Gobierno
Al cisma dentro de la coalición de Gobierno por el envío de armas a Ucrania, se suma ahora este cambio de actitud al reconocer el plan de Marruecos como “la base más seria, creíble y realista” para la pacificación del conflicto. Desde el sector de Unidas Podemos, se han desbancado de esta nueva postura. Esta tajante oposición de los ‘morados’ dentro del Gobierno ha provocado que exista una unanimidad en el partido en torno a este nuevo desencuentro en la coalición, algo que no ocurrió con el envío de armas unilateral a Ucrania.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su desacuerdo con el giro de guion en el conflicto saharaui. “Reafirmo mi compromiso con la defensa del pueblo saharaui y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter.
El acercamiento de España a Marruecos a través de esta decisión, supone un cisma dentro del Gobierno y el aumento de la tensión de las relaciones con el principal proveedor de gas de España.
Gas y migración, intereses cruzados
Desde hace meses la diplomacia entre Rabat y Madrid estaba en una situación especialmente delicada. Con esta nueva política se pretende restaurar los lazos rotos con Marruecos, abordando diferentes puntos que el Ministerio de Exteriores de Marruecos ha hecho públicos, entre ellos se encuentra la migración. Según el escrito, Rabat se compromete a no permitir la llegada de oleadas de personas inmigrantes a la frontera española. Este punto obedece al uso de población civil migrante que Marruecos ha estado usando para amedrentar al Gobierno español durante la crisis entre ambos países, como la vivida en mayo del pasado año. Además de este punto, se encuentra el blindaje de Ceuta y Melilla como plazas españolas.
Aunque con Marruecos las posturas se acercan, con Argelia, principal aliado del Frente Polisario en la región, se enfrían. Ese verbo no es baladí, pues este país norafricano es el principal proveedor de gas de España. Desde finales del pasado año, la relación entre ambos países vecinos, Marruecos y Argelia, es inexistente. Tanto es así que el gasoducto que suministraba gas a España desde Argelia pasando por Marruecos se suspendió para sustituirse por el Medgaz, un gaseoducto que circula directamente desde el país norafricano hasta Almería.
El posible problema que esta decisión del sector socialista del Gobierno puede acarrear es una tensión en el flujo de gas que circula hacia España, lo que podría suponer un mayor encarecimiento de este combustible en un momento en el que Europa busca diferentes proveedores por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Varios grupos políticos han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones en torno a este cambio de posturas con el país vecino. Entre las formaciones se encuentran los principales socios del Gobierno de coalición como EH Bildu, ERC, CUO, BNG, PNV, Junts, PDECat, Más País o Compromís.