Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha apelado al Gobierno de Reino Unido para que adapte su propuesta de ley migratoria a los estándares internacionales ya que considera que esta normativa "penaliza" a las personas que entran de manera irregular y "criminaliza" a los que facilitan la migración, como los equipos de rescate.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al Gobierno de Reino Unido que adecue su propuesta de ley migratoria al modelo internacional.
El Ejecutivo de Boris Johnson presentó el pasado mes de julio una propuesta de ley, denominada Ley de Nacionalidad y Frontera. Esta fue aprobada por la Cámara de los Comunes (Cámara Baja), pero no pasó de la Cámara Alta, donde los lores apuntaron ciertas modificaciones más en concordancia con la normativa internacional que promueve las Naciones Unidas.
Bachelet insta "al Gobierno y a los parlamentarios en la Cámara de los Comunes a que actúen de acuerdo con esta señal y ajusten la legislación propuesta al derecho internacional de los Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de 1951".
La alta comisionada de la ONU considera que, de implementarse, la normativa "penalizaría" a las personas que entran en Reino Unido de forma irregular tratándoles "como si fuera delincuentes". Con ello, Londres se estaría enfrentando a los estándares internacionales violando "el derecho de cada persona a una evaluación individual de sus propias necesidades de protección".
La Ley no pasó de la Cámara Alta, donde los lores apuntaron ciertas modificaciones más en concordancia con la normativa internacional
También ha destacado como la ley "criminaliza" a los que "facilitan la migración irregular", lo que podría disuadir el rescate de estas personas en alta mar. "Esto podría tener consecuencias nefastas, incluida una pérdida de vidas más trágica en el Canal (de la Mancha)", ha explicado Bachelet.
Durante 2021, Reino Unido recibió más de 48.500 solicitudes de asilo, según apunta la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. La reforma podría posibilitar el enjuciciamineto de los solicitantes antes de poder tramitar su petición, según apuntan los más críticos con la normativa propuesta por el Ejecutivo de Johnson.
"Los centros de procesamiento extraterritoriales propuestos expondrían a los solicitantes de asilo a riesgos reales de traslados forzosos, períodos prolongados de aislamiento y privación de libertad, violando sus derechos humanos y su dignidad", ha concluido Bachelet.