La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado los planes de ambos gobiernos para proponer conjuntamente a sus socios europeos la limitación de un precio máximo de 180 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, para paliar las consecuencias de la crisis energética.
La referencia de precio máximo de 180 euros/MWh era una cantidad contemplada en las regulaciones españolas y portuguesas hasta el año 2019, cuando una directiva europea la tumbó y prohibió mantener los topes a las ofertas de las empresas eléctricas en el mercado mayorista.
La ministra ha declarado en una entrevista a Onda Cero que esta proposición que podía parecer “una locura” hace apenas dos años, se ha superado completamente en la actualidad y considera “poco discutible” la necesidad de fijar este precio máximo en las condiciones actuales en las cuales nos encontramos.
Ribera ha insistido que el Ejecutivo central se encuentra a la espera de la respuesta de la Comisión Europea para tomar medidas en este ámbito y lo conciben como “una oportunidad para construir más Europa”, y ha indicado que se dará una “respuesta nacional” si la Unión Europea no cumple el plazo para separar el gas de la factura de la luz.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, garantizó que el Gobierno bajará la luz, el gas y la gasolina en el decreto que tiene previsto aprobar el 29 de marzo, haya o no consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana
"Nosotros creemos que es una decisión europea porque la regulación es europea, lo que pasa es que el análisis de la situación económica y de la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos e industria nos lleva a plantearnos como Gobierno a tomar decisiones para proteger el interés nacional en el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten”, ha asegurado Teresa Ribera en la entrevista.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, considera “capital” las decisiones que se tomen en el Congreso Europeo, que se celebrará los días 24 y 25 de marzo, expresando que esperan unas directrices “lo más operativas, inmediatas y eficaces posibles”.