El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha recabado el apoyo de los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas para defender en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE que se celebra el lunes 21 de marzo, una postura común sobre las propuestas que son necesarias para hacer frente a la crisis originada en los mercados internacionales como consecuencia de la Guerra de Putin. 

 

Planas ha valorado muy positivamente el haber obtenido un “apoyo cerrado” de las instituciones regionales durante la Conferencia Sectorial que se ha realizado esta misma semana.

 

El ministro ha explicado que son necesarias medidas excepcionales para compensar a los agricultores, ganaderos y pescadores por el “significativo incremento de los costes de producción que pueden comprometer la rentabilidad de su actividad y el normal abastecimiento alimentario a la población”.

 

Ante la situación, la solución que propone España es que la Comisión Europea permita que los estados incrementar la producción de cereales y proteaginosas, así como flexibilizar la entrada de materias primas, sobre todo destinadas para la alimentación animal, con el fin de que el sector tenga las materias primas suficientes para llevar a cabo su actividad. 

 

Planas se ha referido a la resolución del pasado 14 de marzo por el que se facilita la entrada de maíz de Argentina y de Brasil gracias a la suavización temporal de los requisitos fitosanitarios para la importación.

 

Respecto a las medidas que España defenderá ante la CE, el ministro ha citado la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios. Se trata de emplear la Reserva de Crisis, un mecanismo para intervenir en casos de graves perturbaciones de mercado y que deberían dar lugar a la habilitación de recursos para los sectores más afectados.

 

Rusia y Ucrania son, respectivamente, el primer y el cuarto productor mundial de trigo, con lo que la suspensión de la producción y de las exportaciones suponen una menor disponibilidad en los suministros de materias primas para la alimentación animal en los mercados internacionales, afectando sobre todo al sector ganadero, muy dependiente de las importaciones para la alimentación animal.

 

 

El Gobierno ha solicitado flexibilidades para poder destinar las superficies de barbecho o superficies de interés ecológico a la producción de proteaginosas o de cereales y para pastoreo, así como excepciones en la rotación y diversificación de cultivos.

 

España apuesta también por medidas inmediatas, como el incremento del porcentaje de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común, la flexibilización de los controles para agilizar éstos y una aplicación más sencilla y flexible del concepto de causa mayor, para los casos en los que no se puedan cumplir las condiciones de elegibilidad como consecuencia de la situación actual. También propone que se puedan financiar con Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (FEADER) -segundo pilar de la PAC- actuaciones específicas de apoyo al sector como ya se hizo para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

 

El Consejo de Ministros de la UE, a propuesta de España, va a abordar la difícil situación del sector pesquero como consecuencia del fuerte incremento de los precios del gasóleo, y la posibilidad de que con cargo al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) se puedan habilitar ayudas para compensar por coste sobrevenido. Las medidas de apoyo, ha explicado Planas, son necesarias en este sector para que la flota se mantenga en activo y no se interrumpa el suministro de pescado, y que la actividad resulte rentable.

 

Planas ha dado también información detallada a los consejeros autonómicos sobre el paquete de medidas de apoyo al sector agrario frente a la sequía contempladas en el real decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que están estimadas en 450 millones de euros. El decreto contiene medidas en materia social, fiscal y de liquidez y es, ha resaltado el ministro, "un ejemplo más del apoyo decidido y el compromiso del Gobierno con el sector agroalimentario".