El político socialista, Ángel Gabilondo, será el encargado de encabezar la investigación sobre los presuntos abusos del clero hacia los fieles en el seno de la Iglesia. “Tenemos que hacer reparación y justicia, y hacerlo todos juntos de la mano, porque estamos hablando de delitos delicadísimos a niños y niñas”, insiste la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la propuesta socialista para que los abusos en el seno de la Iglesia católica sean investigados a través del Defensor del Pueblo tras la votación del jueves 10 de marzo.
La exvicepresidenta del Gobierno y diputada, Carmen Calvo, subió el pasado martes a la tribuna del pleno del Congreso, para defender la idoneidad de que sea esta figura de relevancia constitucional quien “afronte de la manera más rigurosa posible, pero también empática y justa con las víctimas, un asunto al que nuestro país no puede dar más largas y que ya ha tenido respuesta en otros países”, remarca.
“Las víctimas no sólo han tenido que vivir una experiencia horrible, sino el silencio y la falta de ayuda; y para ello tenemos que hacer reparación y justicia, y hacerlo todos juntos de la mano, porque estamos hablando de delitos delicadísimos a niños y niñas”, insistió Calvo.
Con la aprobación de esta PNL, el Defensor del Pueblo emitirá un informe “riguroso” que se elevará al Gobierno. Por otro lado, Calvo también pidió que la Iglesia católica entienda que tiene que “hacer su trabajo” y cooperar, como ha ocurrido ya en otros países como Francia. “No podemos fallarle a las víctimas, todo lo demás es secundario y nuestro país se juega un papel de dignidad”, subrayó
Asimismo, la diputada recordó durante su intervención en el debate del pasado martes, que el PSOE ha hecho “un trabajo previo y meticuloso para poder llegar hasta aquí”, la Fiscalía está actuando también y todo ello se produce gracias a que previamente el Gobierno reformó en 2021 la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para ampliar la prescripción del delito de abuso sexual a menores, que permitirá ahora investigar lo ocurrido en el seno de la Iglesia católica.