La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aprovechó la celebración del Pleno en la Asamblea de Madrid para anunciar el registro ante la Fiscalía de una denuncia contra el Ejecutivo de coalición por doce contratos y 14 ayudas en forma de avales que supuestamente estarían relacionados con personalidades dentro del Gobierno. La presidenta con estas denuncias se hace eco de artículos publicados por el medio OkDiario, de Eduardo Inda.
Durante el reñido pleno que tuvo lugar ayer, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se limitó a lanzar ‘pelotas fuera’ de su gestión y evitó responder sobre el contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a la empresa Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Isabel y Tomás Díaz Ayuso. De hecho, este último llegó a cobrar comisiones por valor de más de 280.000 euros, tal y como ha anunciado la propia Comunidad de Madrid.
Tanto Tomás Díaz Ayuso, como Daniel Alcázar están citados por la Fiscalía Anticorrupción para prestar declaración y que el ministerio Fiscal lleve a cabo las pesquisas para encontrar supuestos indicios de delito. En este escenario, y tras tres semanas sin comparecer ante el Pleno, Ayuso hizo caso omiso a las preguntas emitidas desde la oposición para lanzar el ‘órdago’ de esta denuncia. Previsiblemente, al igual que con el caso de su hermano y su amigo de la infancia, la Fiscalía abrirá diligencias para esclarecer los casos señalados.
La estrategia de la presidenta se ha basado en su mayoría en artículos de prensa, como es el caso de los catorce avales a la empresa Playbol, “propiedad de los padres del presidente del Gobierno”, se indica en el documento presentado por el PP. Playbol recibió estas ayudas por valor de 896.000 euros por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento y del Instituto de Crédito Oficial. Estas subvenciones se otorgaron entre 2020 y 2021, es decir, dos años después de que los padres de Pedro Sánchez vendieran la empresa. Esta compañía paga un alquiler a los antiguos propietarios por el uso de las naves en las que trabajan, es por ello que el PP ve un caso de conflicto de intereses.
Además de estos avales, los populares han señalado seis contratos estatales más. El primero a la empresa FCS Select Products, beneficiaria de cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros, cuando en 2018 su volumen de negocio era inferior a un millón de euros. “Es decir, recibió adjudicaciones [para importar mascarillas y guantes] por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros)”, asegura el documento. Aseguran que los administradores de la empresa y el exministro Salvador Illa, mantienen una relación de amistad.
De forma similar el Partido Popular denuncia otras cinco empresas entre las que se encuentran: Soluciones de gestión, beneficiaria de tres contratos por valor de 40.179.355 euros, a la cual vinculan con el ex ministro “El Sr. Ábalos”; Waihai Textile Group, que recibió un contrato de 10.192.606 euros, denunciada por sobrecostes “entre 52 y 60 veces superior a los precios de mercado” en la compra de batas desechables; Members of the Tribe S.L.U., a la que se adjudicó dos contratos por 9.444.000 euros, con sobrecostes también de “entre el 25% y el 500%”, además de estar pendiente de devolver un adelanto de 1,6 millones por la cancelación de un segundo contrato.
A las anteriormente citadas se suman Hyperin Grupo Empresarial y Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (BEEDIGITAL). La denuncia a la primera de ellas se basa de nuevo en un artículo de Ok Diario, en el que asegura que todavía no ha recuperado un importe adelantado de 1,8 millones de euros. En el segundo caso, se apunta a la empresa en la que trabaja el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como beneficiaria de un contrato de 532.400 euros. Este acuerdo se cerró previamente a la pandemia y contó con un concurso ordinario público en el que se escogió a esta compañía, no como en el caso de los contratos de urgencia en la Comunidad de Madrid.