El 3 de agosto de 2020, el Rey emérito Juan Carlos I, abandonaba España ante las investigaciones que la justicia estaba llevando a cabo por supuesto cobro de comisiones, uso de tarjetas opacas o la aparición de una parte de su patrimonio en un paraíso fiscal. Después se supo que su destino era Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, donde ha permanecido desde entonces alejado al máximo posible de la polvareda que se creo por unas noticias que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildaba de 'perturbadoras'.

 

Tras algo menos de dos años de su viaje, el monarca ve como la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las tres causas que tenía pendientes deshaciendo así el nudo judicial que amenazaba con asfixiar su reputación. Este archivo, no obstante, deja alguna mancha imborrable en el currículum de Juan Carlos I ya que se da por probado, por ejemplo, que el rey escondía gran parte de su patrimonio en un paraíso fiscal y también queda demostrado que hubo fraude a Hacienda. El resto de actuaciones se ven archivadas bien por falta de pruebas, bien porque en el momento de los hechos delictivos aún estaba vigente la inviolabilidad de Juan Carlos I ya que aún reinaba, hasta el año 2014.

 

El primer expediente de la Fiscalía tiene que ver con una posible comisión de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) que el Rey cobró como gestión por las obras del conocido Ave a La Meca que desarrolló un consorcio formado por 12 empresas españolas y dos saudíes. Ha quedado demostrado que, efectivamente, la fundación Lucum, de la que el Rey era el titular recibió esa cantidad de dinero el 8 de agosto de 2008. Pero la Fiscalía ha sido incapaz de encontrar pruebas irrefutables que consideren que esta cantidad sería efectivamente una comisión. Lo que sí se pudo demostrar es un delito de fraude a la Hacienda Pública en concepto de los pagos de IRPF que debía pagar entre los años 2008 a 2012. Pero los primeros años de ese periodo están prescritos y el último, el 2012, el Rey aún mantenía la inviolabilidad porque aún reinaba. 

 

La segunda línea de investigaciones judiciales que ha quedado archivada tiene que ver con una serie de transferencias que el Rey recibió entre 2016 y 2019 de su amigo Allen Sanginés Krause desde cuentas bancarias a nombre de un militar jubilado que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey. 

 

En total recibió 526.606 euros para gastos particulares del monarca y 471.673 euros para el pago de viajes efectuados por el propio Rey y sus allegados. La fiscalía solo ha podido determinar que estos pagos son donaciones y que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones que en su día no se pagaron. Pero en el 2020 en una de las regularizaciones fiscales del emérito se ingresó ese impuesto. Se da la circunstancia que la cantidad abonada fue superior a la que se debía pagar por lo que el Rey podría solicitar parte de la misma. 

 

La tercera línea de investigación tiene que ver con la constitución del 'trust' JRM en el paraíso fiscal de Jersey. Ha quedado demostrado que los 10,2 millones de euros que sirvieron para abrirlo procedían de otros dos a nombra de Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima al Rey. Unos indicios que hacen pensar a la fiscalía que detrás de este conglomerado fiscal está la figura del monarca. Pero solo se trata de indicios sin que se haya encontrado prueba alguna que probara ciertamente esta afirmación. 

 

Independientemente de que el Rey Juan Carlos I haya quedado exonerado por la justicia, el debate político se centra ahora en la forma de proceder que tuvo el monarca durante una buena parte de su reinado y si es ética o no su actuación. Para algunos de los grupos más a la izquierda como Podemos, queda demostrado que Juan Carlos I es un defraudador y que no ha sufrido condena gracias a su inviolabilidad. Otro de los partidos que se ha manifestado ha sido Más Madrid, a través de su portavoz en la Asamblea madrileña, Mónica García, que afirma que "la justicia es igual para todos, pero si eres rey emérito un poco menos". En el lado contrario, el Partido Popular considera que queda cerrado este asunto y van más allá. Por ejemplo, desde Nuevas Generaciones consideran que deben hacer cola los que tiene que pedir perdón al rey emérito por todo lo que se ha dicho sobre él.

 

La próxima semana, el abogado del emérito anuncia que se sabrá las decisiones que tomará Juan Carlos I tras el archivo de sus causas. El letrado celebra que los "mencionados decretos, sin perjuicio del estudio detallado que precisan, concluyen que en ninguno de los casos que motivaron su incoación, existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable a Juan Carlos de Borbón y Borbón o conducta que sea susceptible de reproche penal".