La Iglesia encarga una inspección independiente sobre abusos sexuales a un bufete presidido por un miembro del Opus Dei

La investigación en España será más rápida que las llevadas a cabo en otros países

La Iglesia encarga una inspección independiente sobre abusos sexuales a un bufete presidido por un miembro del Opus Dei

La investigación en España será más rápida que las llevadas a cabo en otros países

Cremades & Calvo Sotelo, bufete presidido por Javier Cremades, es elegido por la Conferencia Episcopal para que, con un plazo de un año, auditen 60 años de abusos sexuales. 

 

Tras meses de debate, finalmente será un despacho independiente el que se encargue de esclarecer los asuntos que vinculan a la Iglesia con la pederastia. Una auditoría que los obispos españoles han encargado a Cremades & Calvo Sotelo, que no obtendrán ningún beneficio económico. Javier Cremades admitió: “Soy católico, miembro del Opus Dei. Por eso tengo pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario”. También han abierto un buzón para que las víctimas envíen sus traumáticas experiencias: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com 

 

En Irlanda, la comisión tuvo una duración de 10 años, en Australia de 5. La que encargó Francia se extendió casi 3 años, mientras que, para la española, se prevé que finalice en 1 año. Pese a ello, Asociaciones de Víctimas reprochan la “demora” para investigar los abusos sexuales de la iglesia. 

 

Pero no es el tiempo su única preocupación, "no me inspira ninguna confianza, porque es como meter al zorro a cuidar las gallinas, no le doy credibilidad", ha valorado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez.

 

De momento, no hay certeza de lo que harán los poderes públicos. PSOE y PNV registraron el viernes pasado una proposición no de ley para que sea el Defensor del Pueblo, no el Congreso como desean Unidas Podemos, ERC y Bildu, el que realice la investigación. El texto se votará el 8 de marzo.

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