Este martes se ha avanzado en las consecuencias jurídicas que podría tener el contrato de compra de mascarillas que en abril del 2020 realizó la Comunidad de Madrid con una empresa que pagó al hermano de Isabel Díaz Ayuso más de 60.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción de dirige Alejandro Luzón ha anunciado que abre diligencias previas para estudiar si existe algún delito. 

 

En una nota enviada a los medios, la Fiscalía manifiesta que "los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre la eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios" referidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

 

Los hechos conocidos y reconocidos por la propia presidenta son que la administración que la dirigente popular preside firmó un contrato de emergencia (dado a dedo) con la empresa Priviet Sportive para la compra de 250.000 mascarillas durante la primera ola de la pandemia. El precio total de compra supuso para las arcas públicas 1,5 millones de euros. Y el hermano de la presidenta Tomás Díaz Ayuso cobró 55.800 euros más IVA por esa operación. Según la presidenta este cobro se debe a las gestiones de su hermano por localizar y traer las mascarillas y no un pago de una comisión por la firma del contrato. Lo que queda por investigar son otras tres facturas que la propia presidenta reconoció que su hermano realizó a la misma empresa y que en conjunto suman cerca de 300.000 euros. Esa cantidad es la que el presidente del PP, Pablo Casado, sospechó que era la comisión completa de la gestión de Tomás Díaz Ayuso y que el PP investigó.

 

 

La Fiscalía ha informado que "si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid". A pesar de la inconcreción, la Fiscalía considera que las diligencias previas irán encaminadas a comprobar si ciertamente se pueden confirmar indicios de delito o por el contrario no hay ninguna transcendencia penal en el caso. 

 

Lo que si ha producido el asunto ha sido un escándalo político de primera magnitud que ha sumido al PP en una crisis sin precedentes. La primera 'víctima' de este caso podría ser, paradójicamente, el líder del PP, Pablo Casado, que fue el que denunció los hechos públicamente. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sale, de momento, fortalecida del choque con su presidente. Ayuso denunció que para llegar a la información sobre el cobro de su hermano, el PP ha recurrido a "malas artes" e incluso sondeo la posibilidad de contratar a un despacho de detectives para investigar las cuentas de Tomás Díaz Ayuso. De hecho el propio Pablo Casado reconoció en una entrevista en la radio que había visto documentos fiscales del hermano de la presidenta regional que respaldaba lo que estaba denunciando.