Mientras el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se acusaban y despellejaban públicamente, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, exigía con contundencia y rapidez que ambos mandatarios conservadores dijeran toda la verdad sobre el asunto de la presunta comisión que se llevó el hermano de Ayuso en lo peor de la pandemia y sobre el supuesto espionaje al que sometió Casado a su compañera de partido, no para denunciar en la fiscalía lo ocurrido sino para utilizar la información en su "guerra interna". Los socialistas han decidido, además, llevar el caso a la Fiscalía; pedir la comparecencia de la presidenta y del consejero de Sanidad; así como la petición de una comisión de investigación que fiscalice todos y cada uno de los más de 5.000 contratos dados 'a dedo' bajo el paraguas del estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus.
El secretario general del PSOE-M y portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, exige al presidente del PP, Pablo Casado; y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cuenten toda la verdad sobre las informaciones que afectan a ambos en las que se cruzan acusaciones tan graves como de espionaje pagado con dinero público y de amaño de contratos para beneficiar a familiares con suculentas comisiones durante lo peor de la pandemia. "Los madrileños y todos los españoles merecen saber la verdad", manifestó Lobato este jueves, antes los "graves hechos que se están produciendo en la Comunidad de Madrid (...) precisamente con un PP que tiene antecedentes muy claros tanto de robar comisiones como de espiar".
Lo cierto es que llueve sobre mojado en el PP de Madrid. Ya en época de Esperanza Aguirre y de su archienemigo Alberto Ruíz Gallardón estalló el caso de la denominada "gestapillo" en la que se acusaron de espionaje mutuo. Y si hablamos de corrupción por comisiones pagadas ahí están los casos investigados por la justicia de la Gürtel, Lezo, Púnica...etc. Alguna de las investigaciones de estas tramas ya están juzgadas y sentenciadas y precisamente el PP ha sido declarado culpable.
Para el líder del PSOE, lo que se vivió en la jornada de ayer, que ya se sospechaba en los meses previos como denunciaron en la Asamblea de Madrid, es una muestra más de lo que "en Madrid significaba realmente la libertad de Ayuso, una libertad para chantajear, para amenazar y para corromper, una libertad siciliana que tenemos en Madrid". Lobato considera que el PP es "capaz de cualquier cosa" y afirma que "me preocupa cómo han sido capaces de dedicarse a hacer negocio en lo peor de la pandemia con miles de mayores falleciendo en las residencias, si como ha dicho Ayuso Pablo Casado lo sabía desde el mes de septiembre, ¿por qué no lo denunció ?, ¿Por qué no acudió a la Fiscalía?. ¿Por qué utilizó la información para hacer chantaje político en vez de para denunciarlo ante la justicia?". Estas preguntas son las que exige Lobato que se respondan, y se hagan donde se deben fiscalizar estas cuestiones que es en la Asamblea de Madrid.
Por eso los socialistas han presentado este mismo viernes la comparecencia urgente en el pleno de la Asamblea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que informe sobre las contrataciones realizadas para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID, y para que aclare si uno de los contratos dados a dedo por la Consejería de Sanidad fue a parar a la empresa de un amigo de la infancia de Ayuso y por el que su propio hermano, Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión cercana a los 300.000 euros por la operación. Lo cierto es que las sospechas de estos presuntos casos corruptos fue llevado a la asamblea por los diputados socialistas como Carmen López, pero el hecho de nombrar al familiar de la presidenta le valió la expulsión del pleno por parte de la presidenta de la cámara regional.
Además, el PSOE, ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para que informe sobre las contrataciones realizadas por su departamento y para saber si hubo un presunto trato de favor a empresarios que obtuvieron estos contratos.
A estas peticiones de comparecencia en el pleno, se añade la petición que ha registrado el Grupo Socialistas en la Asamblea para que comparezcan en la Comisión de Vigilancia de las contrataciones el empresario Daniel Alcázar Barranco, administrador único de Priviet Sportive S.L. que fue adjudicatario de un contrato de 1,5 millones de euros; y de Tomás Díaz Ayuso, ante el posible cobro de una comisión por la firma del anterior contrato.
De forma paralela, el PSOE madrileño ha acudido a la justicia para que investigue si los hechos que se supieron ayer y que reconoció públicamente la presidenta Ayuso son constitutivos de delitos. Así los diputados Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada Pérez han presentado un escrito ante la fiscalía denunciando a "todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos" que ya se conocen por boca de los propios protagonistas de esta trama de espionaje y de posible corrupción.
Con todo ello, los socialistas comienzan "un periodo de exigencia y de fiscalización política", dijo Lobato, quien, ahora dice entender las razones por las que hace unos meses se tumbó en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para fiscalizar los contratos de los meses de la pandemia que sirvieron para algunos dirigentes del PP para hacer suculentos negocios, mientras que las residencias de ancianos estaban desbordadas, los hospitales estaban saturados y la ciudadanía estaba encerrada en sus casas con al incertidumbre de lo que iba a pasar en el futuro.