Creía Pablo Casado que el resultado de los comicios en Castilla y León serían tan contundentes que nadie en su partido podría poner en duda su liderazgo. Pero ha pasado todo lo contrario de lo que tenía pensado. Ahora Mañueco depende de la ultraderecha para seguir gobernando y en Madrid se ha descontrolado la pugna por el control del partido entre Isabel Díaz Ayuso y el presidente nacional. Este miércoles varias informaciones periodísticas apuntaban a que desde el Ayuntamiento de Madrid se investigó al entorno de la presidenta regional para saber si su hermano cobró una comisión ilegal de un contrato firmado en plena pandemia con un amigo de la infancia de Ayuso. José Luis Martínez Almeida lo desmiente todo, pero la guerra es total.
El Partido Popular vive en estos momentos una crisis de tal magnitud que es imposible acertar las consecuencias de la pelea. Se sabe que desde hace meses Isabel Díaz Ayuso quiere presidir el partido en Madrid después de su arrolladora victoria electoral de mayo del 2021. Para ello hay que convocar un congreso que acabe con la gestora que dirige la formación. Pero Pablo Casado se niega a entregarle la dirección del partido a su 'amiga' ya que ve real el peligro de que le quite el puesto ante la debilidad del líder de la oposición.
Tras las informaciones publicadas este miércoles por El Confidencial y El Mundo se ha puesto al descubierto que la guerra es más profunda de lo que se pensaba. Según las noticias publicadas desde Génova 13 llevan meses intentando parar a Díaz Ayuso y no han dudado en, supuestamente, contratar hasta detectives privados para investigar presuntos contratos irregulares que hayan terminado con jugosas contrapartidas para el hermano de la presidenta regional.
Según El Confidencial, la dirección nacional del PP, a través de Ángel Carromero, uno de los 'fontaneros' habituales de los conservadores y director general de coordinación en el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez Almeida, inició una investigación después del verano para saber si era cierto que en plena pandemia la Comunidad de Madrid había contratado a dedo (aprovechando la urgencia) a la empresa de un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso para que proporcionara mascarillas a la administración regional. Lo que se sospecha en Génova es que el hermano de la presidenta podría haber participado en el 'negocio' y, presuntamente se habría llevado una elevada comisión.
Carromero, no obstante, no pudo llegar más allá y se decide, al parecer, que hay que contratar un despacho de detectives que pueda hacerse con pruebas contundentes del pago de esa comisión. Buscaban, incluso, extractos bancarios del hermano de Díaz Ayuso. Y para rizar el rizo, se denuncia que el dinero para hacer esta operación de espionaje sale de las arcas municipales.
Esta supuesta 'investigación' llega a oídos de la presidenta a través de un ex ministro de Aznar y, obviamente, pide explicaciones a su compañero de partido, José Luis Martínez Almeida. Pero lo hace a través de una persona interpuesta ya que las relaciones deben estar completamente rotas entre ambos mandatarios. Todos estos acontecimientos se produjeron el pasado mes de diciembre por lo que se puede deducir que todo se han mantenido 'tapado' hasta que han pasado las elecciones en Castilla y León pues de haberse sabido antes el terremoto en el Partido Popular hubiera sido de magnitud máxima.
Este jueves, en una insólita rueda de prensa, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que efectivamente hicieron todas las averiguaciones posibles para saber si lo que se denuncia desde ayer en la prensa es cierto. Por tanto, el alcalde no niega las informaciones sobre las denuncias del supuesto espionaje y confirma de manera implícita que la cuestión era tan creíble como para abrir una investigación interna. Esas averiguaciones, según ha dicho Almeida, consistieron en preguntar al empleado municipal Ángel Carremero y al detective en cuestión que, obviamente, niegan ninguna reunión ni ningún encargo. El alcalde ha querido eliminar cualquier sombra de duda sobre la utilización de dinero público en este turbio asunto, pero no ha dicho ni una palabra sobre el fondo de la cuestión.
Desde Génova han comprobado que efectivamente existe un contrato por valor de 1,5 millones de euros con la empresa Priviet Sportive S.L. para que proporcionara en abril del 2020 mascarillas FFP2 y FFP3 a la Comunidad de Madrid. El administrador de esta empresa, que no se dedicaba al sector sanitario, es Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila) pueblo donde veraneaban Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás. Es un hecho comprobado que les une una amistad desde hace décadas. Las sospechas en la parte noble del PP les llevan a pensar que la contratación se saldó con una comisión de 280.000 euros para Tomas Díaz Ayuso. Y los dirigentes del PP nacional buscan esa relación para utilizar la información contra la líder madrileña y poder desactivar sus intenciones de liderar el partido en la Comunidad de Madrid.
Ahora, con todo al descubierto, las acusaciones son mutuas. Desde Génova atacan al entorno de Díaz Ayuso y les acusan de querer tumbar al líder nacional; desde la Comunidad admiten que se espió a la presidenta y a su entorno buscando alguna cuestión que obligara a Díaz Ayuso a renuncias a sus expectativas políticas. Lo cierto es que la solución al embrollo se prevé difícil y esta guerra total acabará perjudicando a todos en el partido.