El ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, se reunirá con representantes de UGT, CC.OO., Cepyme y CEOE para tratar la subida del salario mínimo interprofesional que se debe incrementar este año. En la actualidad el SMI está en 965 euros al mes, distribuidos en catorce pagas.
Se espera que el acuerdo no sea completo ya que la patronal se descolgará del mismo. Y probablemente habrá un acuerdo bipartito entre sindicatos y Gobierno, del que no formarán parte los empresarios, como ya sucedió en la anterior subida del SMI.
Los sindicatos demandan la subida del SMI este año hasta los 1.000 euros mensuales, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, respetando el compromiso que alcanzaron en septiembre con el Ejecutivo. El Gobierno no está obligado a negociar, solo a informar y consultar con los agentes sociales su decisión, sin embargo, Yolanda Díaz, apuesta siempre por negociar.
El objetivo es la “progresiva revisión” del SMI en 2022 y 2023 hasta elevarse al 60% del salario medio al final de la legislatura de Sánchez, como está indicado en la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno.
Díaz ha afirmado que el objetivo del Gobierno para 2022 es seguir la senda recomendada por el Comité de Expertos del SMI en el camino de situarlo en el 60% del salario medio a final de legislatura.
Por su parte, los sindicatos ven difícil hacer frente a la subida y se prevé una nueva negativa, como ya sucedió en septiembre con la anterior revisión del SMI. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, señala que establecerlo en 1.000 podría causar una "contracción importante del empleo" sobre todo en las empresas más pequeñas que aún no se han recuperado de la crisis.
“Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados”, apuntaba Garamendi, a la vez que expresaba que el SMI ha experimentado una subida del 30% en los últimos 3 años.