El Congreso saca adelante la reforma del Código Penal que condena el acoso en las clínicas abortivas

“El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días", reza el nuevo texto apoyado por todo el Congreso salvo el PP y Vox.

AUTOR Juan AlmansaMas artículos del mismo autor/a

VIERNES, 04 FEBRERO 2022

Del mismo modo que ocurrió en la votación para la creación de una Comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia católica, todos los grupos han apoyado esta medida excepto PP y Vox

El texto inicial ha sufrido dos cambios introducidos fruto de una transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs. De este modo se hacen efectivas la enmienda que solicitaba que también se penalizara el acoso a los trabajadores y profesionales de las clínicas, así como la no necesidad de que la víctima del acoso tenga que presentar una denuncia para que los hechos sean perseguidos.

Sin embargo, no ha sido introducida la modificación propuesta por el PNV, aunque no ha afectado al sentido de su voto, por la cual se solicitaba la creación de una ‘zona de seguridad’ de 150 metros en torno a las clínicas.

Penas de prisión de hasta un año de cárcel o trabajos para la comunidad por acosar en clínicas abortivas

Han sido numerosas las críticas al Partido Popular y a Vox por su posición. Desde el PSOE, Laura Berja, portavoz en materia de Igualdad, ha asegurado que estas dos formaciones han elegido “el bando de los acosadores”. Martina Velarde, portavoz de Unidas Podemos, se ha pronunciado en la misma línea, “no se me ocurre algo más contrario a libertad religiosa que usar el rezo para estrechar la libertad de otras personas".

Desde el Partido Popular, Teresa Angulo, portavoz en el debate, ha rescatado el marco retórico de la “degeneración” y la defensa de las “libertades”, que asegura que con este Ejecutivo el “espacio de libertad” está sufriendo un “achicamiento”.

Por su parte, Vox se ha alineado en la argumentación de los populares asegurando que lo que se condena es una “conducta pacífica” y no un acoso a personas que están ejerciendo legítimamente un derecho. Han asegurado que recurrirán la reforma al Tribunal Constitucional.

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