A la espera de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, todavía en tramitación en el Ministerio de Igualdad, el Congreso hoy da un paso más en las garantías efectivas para ejercer este derecho.
Este jueves, la Cámara Baja votará una proposición de ley registrada por el PSOE en la que se propone la modificación del Código Penal para incluir el hostigamiento que “obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, tal y como señala el texto.
A través de esta modificación del Código Penal, los individuos que hostiguen a personas que quieran ejercer este derecho, así como a facultativos o directivos de estos centros habilitados, se podrán enfrentar a penas de prisión de entre tres meses a hasta un año, así como a trabajos en beneficio de la comunidad durante un plazo de entre 31 y 80 días.
La norma presentada apunta, “el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días".
En 2018, un 89% de las mujeres que acudieron a abortar aseguraron haberse sentido acosadas y un 66% amenazadas.
Además, este texto otorga la posibilidad de perseguir legalmente a las personas que incurran en estos delitos sin que sea “necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal”.
Según un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), elaborado en 2018, un 89% de las mujeres que acudieron a abortar aseguraron haberse sentido acosadas y un 66% amenazadas.
En las últimas semanas la ofensiva de grupos ultracatólicos y de extrema derecha contra esta medida ha ido ‘in crescendo’, llegando a contratar campañas de publicidad en marquesinas y carteles de metro de 33 ciudades españolas, en las que se animaba a acudir a centros abortistas “a rezar”.
En varias ciudades esta campaña fue retirada a excepción de Madrid, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció diciendo: “Madrid es una ciudad que se caracteriza por su alto grado de tolerancia y libertad, y esta libertad, como no puede ser de otra manera, es un camino de doble sentido".