Tal y como señala la Guardia Civil, “los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años”. En casos agravados las penas de prisión podrían alcanzar los cinco años de cárcel.

Destacan las actuaciones en Huelva, Cuenca y Valladolid enmarcadas dentro de este macro-operativo. En el caso de Valladolid, ‘Operación Trincase’ como se le ha conocido, destaca la implicación de un agente de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Duero, al que se le atribuye la autoría de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El agente se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.