Más de un centenar de detenidos y desmanteladas 1.533 estructuras de extracción de agua ilegales

El SEPRONA ha realizado 1.512 inspecciones en toda España en las que se han localizado pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales

Más de un centenar de detenidos y desmanteladas 1.533 estructuras de extracción de agua ilegales

El SEPRONA ha realizado 1.512 inspecciones en toda España en las que se han localizado pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales

Desde marzo a septiembre del año pasado el Seprona llevó a cabo una campaña de inspecciones en toda España, la llamada operación Mizu II. Este macro-operativo se ha saldado con 133 detenidas e investigadas y 1.533 pozos ilegales detectados. 

 

Las extracciones afectan a áreas especialmente vulnerables, como el Parque Nacional de Doñana o las cuencas de los principales ríos. La Región de Murcia se sitúa a la cabeza de número de extracciones ilegales localizadas, le siguen Málaga, Almería, Cádiz y Huelva.

 

El Seprona ha interpuesto 2.326 sanciones administrativas y detectó la comisión de 98 infracciones penales a raíz de las inspecciones realizadas. Entre las técnicas más comunes de extracción de aguas destacan las perforaciones de pozos y los sondeos sin autorización. También se emplean balsas ilegales de acumulación de agua, captaciones directas de cauces de ríos y arroyos y caudalímetros ‘trucados’.

 

 Pozos y los sondeos sin autorización, balsas ilegales de acumulación de agua, captaciones directas de cauces de ríos y arroyos y caudalímetros ‘trucados’, entre los métodos más comunes para extraer ilegalmente agua.

 

Tal y como señala la Guardia Civil, “los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años”. En casos agravados las penas de prisión podrían alcanzar los cinco años de cárcel.

 

Destacan las actuaciones en Huelva, Cuenca y Valladolid enmarcadas dentro de este macro-operativo. En el caso de Valladolid, ‘Operación Trincase’ como se le ha conocido, destaca la implicación de un agente de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Duero, al que se le atribuye la autoría de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El agente se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.

 

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