Se ha hecho público un comunicado en el que cuatro relatores Especiales de Naciones Unidas piden explicaciones al Gobierno sobre el caso de una madre y su hija desprotegidas por la Justicia española en base al Síndrome de Alienación Parental (SAP). Según indica el texto, la Justicia acabó otorgando la custodia de la menor a su padre argumentando que la mujer estaba obstaculizando los contactos paterno-filiales pese a los claros indicios de violencia contra ambas. Los relatores expresan su preocupación por el uso de prejuicios y estereotipos de género en el sistema de justicia.
Cuatro relatores Especiales de la ONU sobre Violencia contra la Mujer exigen al Gobierno que explique un caso de desprotección judicial sobre una madre y su hija. Según el texto, que fue enviado en noviembre pero se ha conocido ahora, la Justicia se amparó en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), según el cual un niño siente rechazo hacia uno de los padres como consecuencia de la manipulación por parte del otro, para otorgar la custodia de la menor a su padre. Los relatores se quejan de que se tuviera en cuenta este síndrome, que no está demostrado científicamente y está desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial, por encima de las pruebas de presuntos abusos sexuales del hombre hacia su hija.
Una de las relatoras que firma la carta, Reem Alsalem, ha difundido el escrito a través de las redes sociales en el que se explica que D.G., víctima de violencia de género, interpuso una denuncia contra su expareja por abusos sexuales contra su hija. Finalmente, en la sentencia de divorcio el juzgado otorgó la custodia de la menor a su padre acusando a D.G. de entorpecer la relación paterno filial.
Los relatores temen que se esté dando un trato discriminatorio a las madres y otorgando un valor menor a sus declaraciones sustentado sobre prejuicios contra las mujeres
La víctima y su exmarido comenzaron una relación sentimental en 2006 que terminó con su separación en 2019. La violencia hacia ella comenzó pocos meses después de iniciar la relación, llegando a ser amenazada de muerte. A pesar de que D.G. informó a la Policía de los hechos y pidió ayuda a través del teléfono de ayuda a la mujer, no llegó a interponer una denuncia.
En 2015 la pareja tuvo una hija y la violencia del exmarido se extendió hacia ella. Según el informe, amenazaba con acabar con la vida de la pequeña cuando D.G. mostraba su intención de separarse. En 2017 la niña empezó a mostrar síntomas de un posible abuso sexual, entre ellos problemas de salud y temor hacia su padre. Entre esa fecha y 2020 existen varias denuncias, tanto por parte de la madre como del colegio de la niña, por los posibles abusos sexuales de los que informaba la menor.
En 2019 el hombre fue detenido tras una de las denuncias y la policía clasificó la situación como de "alto riesgo". El juzgado sobre la mujer número 3 de Madrid interpuso una orden de alejamiento de la expareja hacia la madre y le concedió a ella la custodia, pero mantuvo las visitas de la niña. Temerosa de que los abusos continuaran, la mujer volvió a denunciar en varias ocasiones a su exmarido, pero el juzgado número 2 de Pozuelo de Alarcón denegó en repetidas ocasiones sus solicitudes. A pesar de que numerosas pruebas médicas y psicológicas demostraban "la presencia de antecedentes de abuso sexual infantil", el 12 de marzo de 2021 el juzgado archivó la investigación argumentando que el relato de la niña no tenía verosimilitud.
Los relatores de Naciones Unidas piden ahora explicaciones al Gobierno sobre el uso de estereotipos de género en la Justicia, especialmente en relación al uso del Síndrome de Alienación Parental. A pesar de que la Ley contra la violencia en la Infancia en la Adolescencia afirma prohibir el uso del SAP en los juzgados, el documento indica que en la práctica este se ha seguido teniendo en consideración en varias decisiones judiciales. Los especialistas temen que se esté dando un trato discriminatorio a las madres y otorgando un valor menor a sus declaraciones apoyado en prejuicios contra las mujeres. Por eso piden al Gobierno que se investigue, procese y sancione a las personas responsables de esta violencia.