Indulto para María Sevilla

Indulto para María Sevilla

¡Cómo han cambiado las cosas! Antes pedíamos los indultos para las presas y los presos políticos por luchar contra la dictadura. Ahora tenemos que pedirlos para las mujeres condenadas por proteger a sus hijas e hijos, María Salmerón, Juana Rivas y ahora para María Sevilla; no será la última. El cuerpo me pide decir que estas mujeres están condenadas por luchar contra el patriarcado.

María se divorció de su esposo cuando el hijo que tenían en común apenas tenía dos años de edad. Todo fue normal hasta que un día desafortunado descubrió que el niño podía haber sido abusado sexualmente por su padre e hizo lo que cualquier madre habríamos hecho en su lugar: personarse en las diligencias abiertas a consecuencia de la comunicación de un centro sanitario. Las visitas del niño con el padre quedaron suspendidas como consecuencia del proceso penal que se inició contra el padre.

 

A pesar de los informes psiquiátricos y psicológicos emitidos en el caso por profesionales de prestigio, a María se le aplicó un Síndrome de Alienación Parental (SAP) de libro por parte del Equipo Psicosocial y ese fue el informe que fue tenido en cuenta para decidir. La denuncia penal fue sobreseída provisionalmente, lo que significó que las visitas con el padre iban a reiniciarse, todo lo que hizo que María decidiera esconderse junto con su hijo, su nueva pareja y la niña nacida de esta segunda relación. La protección de su hijo le hizo tomar esta decisión que duró hasta que fue localizada por la policía, le quitaron la custodia del hijo, se la entregaron al padre y ella solo pudo verlo una hora a la semana en unas visitas tuteladas por el Punto de Encuentro Familiar. De manera que este niño, que siempre había vivido con la madre, pasó a hacerlo con el padre, del que la madre tenía y sigue teniendo serias sospechas de que fueran reales los hechos denunciados.

 

Tras el archivo de la denuncia, el padre pidió y le dieron la custodia exclusiva del hijo y logró también que el Tribunal condenara a María por un delito de sustracción de menores a una pena de más de dos años de privación de libertad y de cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo, justo el tiempo que falta para que alcance la mayoría de edad.

 

María ha pedido el indulto al Gobierno y espero que lo obtenga. Pero la justicia, tan lenta habitualmente, se ha acelerado en su caso de manera extraordinaria. El Juzgado que debe ejecutar la sentencia penal, el Juzgado de lo Penal n. DOS de Madrid, al que María le pidió que suspendiese el cumplimiento de la pena hasta saber si el Gobierno le concede el indulto, ha resuelto no esperar y ha decidido que ingrese en prisión ya. Fundamenta su decisión la jueza del Penal 2 de Madrid en que los hechos presentan una singular gravedad (los hechos enjuiciados son los descritos, esencialmente no haber entregado al hijo al padre cuando el juzgado lo ordenó) y en el hecho de que, dice la jueza, no tiene importancia que comience la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, porque el hijo ya está protegido por la potestad que tendrá el padre sobre el en exclusiva. 

 

Para hacernos una idea más aproximada del panorama que se presenta para este niño, sobre cuyo estado de salud han saltado todas las alarmas de los profesores en el colegio al que acudía, diré que el padre lo ha alejado lo más posible del entorno materno: se lo ha llevado a vivir a un pueblo de la provincia de Málaga, para hacer imposible así la relación con su madre y con su única hermana. Es decir, similar a la conducta que tuvo María hacia el padre, alejar al niño de él, solo que al padre le es consentida y a María le ha supuesto una grave condena penal.

 

Apoyo a María para que no entre a cumplir pena en la prisión y pido para ella el indulto porque, de lo contrario, supondrá la pérdida definitiva de su hijo y éste quedará sin la protección y los cuidados que la madre le ha dispensado siempre. Porque lo grave es que las decisiones incluso judiciales con frecuencia se toman, desgraciadamente, no para proteger a las y los menores, sino para castigar a las madres que se atrevieron a poner denuncias contra el padre. Esto es la violencia vicaria.

 

Pensemos qué estamos haciendo tan mal. Pensemos por qué ese 80% de mujeres (según la Macroencuesta de 2019 del Ministerio de Igualdad) que sufren violencia machista en la pareja no denuncian a sus victimarios. ¿Alguien cree que con el tratamiento que reciben en los Juzgados María Sevilla, María Salmerón, Juana Rivas y tantas más, las mujeres se van a atrever a denunciar? Pareciera que estos castigos ejemplares se adoptan para que todas tomen nota y se abstengan de hacerlo. Nunca hasta ahora había tantos procesos contra mujeres por sustracción de menores, habiendo pasado de ser acusadas de desobediencia a serlo por sustracción, en base a hechos similares, pero con un endurecimiento de las penas, ya que el delito de desobediencia grave del artículo 556 del Código Penal tiene prevista una pena de entre 3 meses y 1 año, mientras que el delito de sustracción de menores del artículo 225 bis tiene prevista una pena de 2 a 4 años y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. La diferencia es notable, sobre todo que, si hay condena por delito de sustracción, hay pena de privación de libertad y eso ya es causa de privación de la custodia y atribución al otro progenitor.

 

En ambas figuras delictivas, delito de desobediencia y de sustracción, que surgen en el ámbito del Derecho de Familia, la conducta consiste en el incumplimiento de las visitas de las y los menores con el progenitor no custodio, normalmente el padre. Hasta hace un tiempo se ventilaba, cuando se le daba transcendencia penal, por el delito de desobediencia, pero de un tiempo a esta parte se sustancia por el delito de sustracción, con las consecuencias de condenas mucho más graves. Ni que decir tiene que generalmente los denunciantes son padres y las denunciadas, madres, pues lo cierto y verdad es que las madres, generalmente, no denuncian a los padres cuando éstos no cumplen con las visitas o las estancias de vacaciones con los hijos e hijas. Al menos esto es lo que he vivido en mis más de 40 años de experiencia profesional.

 

Otra justicia es posible. La justicia que escucha y exige pruebas, pero que no desconfía por sistema de los relatos de las mujeres y menores cuando denuncian por abusos a los padres o a sus parejas por violencia machista.  Una justicia que juzgue a las mujeres y a los varones con criterios de igualdad; una justicia liberada de viejos prejuicios machistas que responden a patrones de conductas de épocas afortunadamente pasadas.

 

María es víctima de esa justicia que llamamos patriarcal, porque es heredera de ese viejo Derecho romano según el cual, todo lo que había en la casa: la esposa, los hijos, los esclavos y los animales, le pertenecían, presente en nuestras leyes hasta hace pocos años, insuficientes por lo que vemos para haber amoldado nuestra forma de pensar a nuestra democracia, en la que todas las personas, varones y mujeres somos iguales en derechos, deberes y en oportunidades.  

 

Pido solidaridad y apoyo para María Sevilla y le muestro la mía. No debe entrar en prisión para que su hijo pueda seguir viéndola a ella y a su única hermana; debe serle restituida la patria potestad para que ella, madre amorosa y cuidadora de su hijo, pueda seguir participando en la toma de decisiones que conciernen al menor como niño en etapa importante de la vida. 

 

Pido el indulto para María porque la víctima principal de esta situación es su hijo.

 

 

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