Hace dos semanas, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, veía como sus compañeros tumbaban el informe preceptivo que había elaborado sobre el proyecto de ley de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se nombró entonces a dos nuevos ponentes que este jueves han visto ratificado su nuevo informe que incluye duras críticas a la nueva legislación que se pretende aprobar. No obstante, cabe recordar que dicho informe no es vinculante y que el Congreso podría dar luz verde a la Ley si se consigue la mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación.
El nuevo informe sobre la Ley de Vivienda del CGPJ ha sido aprobado por una mayoría de 15 jueces en el seno del órgano de gobierno de los jueces tras tumbar el que presentó anteriormente Álvaro Cuesta
De los quince magistrados que han respaldado el nuevo informe, dos de ellos son vocales a propuesta en su día del PSOE, Roser Bach y Victoria Cinto. Aunque existe mayoría en torno al "contenido sustancial" del informe, seis vocales progresistas han emitido sus votos particulares en contra para tratar de integrar en la propuesta definitiva "algunas observaciones menores" que completen el texto actual. La aprobación del nuevo informe, con mayoría de los votos procedentes de los vocales propuestos por el PP, supone una brecha más entre el Ejecutivo y el CGPJ, ya que este llega después de que los mismos que han apoyado el texto reescrito criticaran con dureza el borrador inicial por adolecer de "sesgo ideológico" obligando esa revisión del texto a postergar la aprobación de dicha ley.
Los vocales socialistas Roser Bach y Victoria Cinto desbloquean un anteproyecto de Ley de Vivienda encallado desde el "no" de la mayoría popular del CGPJ al borrador inicial de Álvaro Cuesta
La Ley de Vivienda, ¿competencia autonómica o del Ejecutivo?
El borrador del exdiputado socialista Álvaro Cuesta al que se opuso el CGPJ apuntaba a la nueva ley como un instrumento normativo adecuado para "consagrar y dotar de contenido el derecho de la vivienda" que recoge la Constitución. Sin embargo, el informe reescrito que el organismo de justicia ha aprobado por mayoría ha puesto énfasis en el mensaje al Ejecutivo de que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".
Además, en él se ha ido más allá advirtiendo que un anteproyecto como este puede llegar a limitar y dificultar la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas y que su aplicación debería ceñirse al "ámbito incidental" de competencias como la toma de medidas de carácter fiscal o la instauración de normas que afectan a hipotecas, alquileres urbanos, sobreendeudamiento de las familias, protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética.
En definitiva, la exigencia del CGPJ con mayoría de vocales populares reside en su intento por que este anteproyecto no invada competencias que pertenecen a las autoridades autonómicas y que esta nueva Ley de Vivienda sea un apoyo para ellas en la toma de sus decisiones al respecto y no viceversa. La brecha vuelve a estar abierta entre populares y socialistas con la vivienda como pretexto.