El TJUE declara ilegal el régimen sancionador de la declaración de bienes en el extranjero

El TJUE declara ilegal el régimen sancionador de la declaración de bienes en el extranjero

La justicia europea ha tumbado la normativa española que obligaba a declarar la propiedad de bienes en el exterior. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la regulación es “contraria al derecho” y que impone restricciones “desproporcionadas” a la libre circulación de capitales.

 

Pese a que los objetivos que persigue España pueden estar justificados, el análisis del Tribunal de Justicia concluye que va “más allá de lo necesario”. El Ministerio de Hacienda estima el impacto de la sentencia en unos 230 millones de euros como máximo y reabre casos como el de la familia Pujol, que fue condenada a pagar 1,7 millones de euros que ahora, confían en poder recuperar.

 

La sentencia expone tres motivos por los cuales es contraria al derecho. El primer motivo es que “España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales” y lo hace porque cuando no se presenta el modelo 720, como se llama de forma coloquial a esta declaración, se considera lo no declarado como “ganancia patrimonial no justificada, sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción”. 

 

Esta sentencia abre la puerta a posibles sanciones, sobre todo, de las grandes fortunas, que se beneficiarán de que esta medida se haya tumbado

 

En segundo lugar, por la cantidad de la multa, que puede ascender hasta el 150% del importe del impuesto eludido. “Su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero”, apuntan desde el TJUE.

 

La tercera razón es que las sanciones “no guardan proporción alguna con las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España”. Las multas son de 5.000 euros por cada dato incompleto que se facilita a la Agencia Tributaria, y 10.000 euros, los falsos (cada uno de ellos), a lo que se pueden acumular 100 euros por los retrasos de cada uno de los datos.

 

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