A sabiendas de que a solas lo tenían más difícil tres supervivientes de violencia machista y del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) se han dado de la mano para unir fuerzas ante la indefensión que sienten en sus procesos judiciales. Por ello han elevado una queja conjunta al Consejo General de Poder Judicial denunciando “la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo y equitativo de forma reiterada” en el Palacio de Justicia de Vitoria. 

 

Las tres madres denuncian cómo sus expedientes presentan “irregularidades procesales, retardos en la tramitación, multitud de obstáculos para probar los hechos denunciados y omisión de respuesta”. Es decir, señalan la violencia institucional de los juzgados vascos y que tanto “en sus procedimientos como actuaciones judiciales y otras entidades públicas, no se están tomando medidas adecuadas y efectivas, causando una continua desprotección e indefensión por parte de las distintas instituciones públicas dependientes de su órgano administrativo”, expresa Fuentes. 

 

Todas ellas quieren dejar patente que sus casos no son la excepción a la regla, sino la norma. “Estamos denunciando una forma de actuación”, recalca García. Por su parte Inmaculada Fuentes añade que lo que quieren es que se preste “atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema que nos concierne y se proceda con la debida diligencia a investigar y reparar los hechos denunciados. Son muchísimas madres las que no han tenido la posibilidad de denunciar por falta de fuerzas y de recursos económicos su situación. El tema económico junto con el miedo paraliza y lleva al silencio y por tanto a la inexistencia para la sociedad. Presentar un escrito con abogado al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Superior de Justicia conlleva minutas muy altas. De esta forma, las propias instancias judiciales tienen asegurado que las víctimas no van a poder asumir ese gasto para presentar el escrito y, en caso de hacerlo, los recursos para seguir la vía legal se hacen tan interminables que la víctima que cada vez ve más lejos la salida y el poder asumir las cuantías económicas que se van acumulando por el camino”, denuncian. 

 

El principio de todo

 

Preguntadas sobre cómo surgió la idea de esta demanda a tres bandas responden que todo surge gracias a la sororidad. “Yo pertenecía a la Asociación AMAR. A través de esta red de apoyo pude contactar con otras asociaciones del País Vasco, como Bizitu Elkartea y red de resistencia contra el SAP y así conocí a Inmaculada y María Mercedes”, explica Laura Fuentes.  

 

A raíz de aquella unión surgió la idea de elevar la queja conjunta a los juzgados de Vitoria, así como de contactar con otras instituciones que tienen relación con la situación. “Todas ellas ostentan potestad suficiente como para poder actuar. Es el momento de comprobar hasta dónde existe el compromiso de cada una de ellas, aunque esta problemática levante ampollas. De momento, únicamente hemos recibido respuesta del Consejo General del Poder Judicial indicando que entreguemos cada una por separado nuestra propia queja.  Esto se aleja de centrar el asunto en el modus operandi del Juzgado de Vitoria, y divide una queja común creando casos aislados y, por tanto, puntuales”, recalca Fuente. 

 

Y comprobar están comprobando que lejos de sentirse escuchadas por sus peticiones de diligencia, investigación y reparación de los hechos denunciados están siendo ninguneadas. “Hasta ahora las respuestas han sido muy vagas y de echar balones fuera. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial nos ha dicho que enviemos cada denuncia individual, obviando totalmente que no somos casos aislados y queriendo abordar el problema como si así fuera”, tal y como describe García. Además, han sido vetadas por el PNV y PSE en las Juntas Generales de Álava a comparecer en la Cámara vasca para contar su situación.

 

Una desazón que unida al previo maltrato machista por sus parejas les duele aún más. “No es suficiente con la violencia que hemos vivido en nuestros hogares con tener que pasar ahora por la violencia de instancias judiciales o de profesionales y magistradas. Esto es de absoluta indefensión y soledad. La sensación es de desamparo porque cuando decides dar el paso y acabar con una situación de maltrato en casa por parte de tu pareja, lo último que esperas es encontrarte con violencia institucional, y desde luego la angustia es mayor, porque ellos son los responsables de poner fin a un infierno y muy al contrario te sumergen en otro aún mayor”, comenta García. 

 

La indefensión como sentimiento

 

Un infierno que tal y como añade Inmaculada Fuentes, se vive “con el sentimiento enorme de indefensión”. Y es que como esta madre dice por más que explica su situación “al Área del Menor y Familia y Consejo del Menor, no obtengo ninguna respuesta. Tanto mi hija como yo hace mucho que nos sentimos solas y claramente existe esa violencia institucional, en mi caso de juzgado y Diputación Foral de Álava”. 

 

Por su parte Laura Fuentes añade que, si bien “al principio se tiene la sensación de incredulidad, ya que las diferentes instituciones promueven el que salgamos del maltrato y de verdad crees que te vas a liberar por fin de él, después cuando te armas de valor y denuncias para salir de un primer infierno, te das cuenta que lo que has abierto son las puertas del segundo maltrato. En mi caso me he encontrado con fraude procesal, prevaricación, discriminación de género y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Esa incredulidad inicial se ha convertido en soledad, desamparo y desprotección, es decir, una victimización secundaria creada y perpetuada por el propio Juzgado y del resto de instituciones que hasta el momento no han actuado”.

  

Por eso estas madres no entienden que la titular de Justicia, Pilar Llop, niegue el término que tan desgraciadamente conocen. “Escuchar de la ministra que no existe la violencia institucional es demostrar un desconocimiento de lo que sucede en los juzgados en estos procesos, y es transmitir a la sociedad una idea equivocada de la realidad, así que si, te sientes más sola y aislada”, expresa García. A dichas palabras Fuentes añade que “es complicado hacer autocrítica y reconocer que hay errores graves que subsanar, como es la violencia institucional, pero es algo que no sólo existe, sino que está reconocido en varios países en su propia legislación y España tiene firmados ciertos convenios que avalan esa posibilidad, por lo que lo coherente sería aplicarlo cuando ocurre y sobre todo prevenir que en un futuro sigan pasando situaciones similares, permitiendo que la sociedad pueda avanzar y no quedarse estancada obviando el problema”. 

 

Menores maltratados y desprotegidos

 

Mientras ellas pasan por todo ello y apuntan “a que están tratando defenderse de todo como mejor pueden”, quienes se encuentran sin protección son sus criaturas. “Para nuestros hijos no existe ninguna compensación, ellos son las víctimas silenciosas, que por muy pequeños que sean, padecen y se enteran de todo. Hay mucho miedo al sistema Judicial y la justificación es la separación de poderes, la cual debe de respetarse, pero siempre y cuando exista una coordinación entre ellos y vayan en la misma dirección. No puede ser que las instituciones públicas impulsen la visibilidad y denuncia del maltrato y el siguiente paso, que es el uso del sistema judicial, no funcione ni vaya en consonancia con lo que incluso alguna de ellas ha marcado en sus leyes y esas mismas instituciones te den la espalda cuando recurres a ellas. No existe absolutamente nada que pueda compensar la desprotección, sufrimiento y daño moral que se está produciendo. La única solución en este momento es que la situación pueda revertirse en el menor tiempo posible para prevenir que en un futuro existan las menores secuelas a todos los niveles”, describe Fuentes. 

 

Ni calladas, ni sumisas

 

Mientras llega el momento en el que por fin estas madres y sus hijos e hijas puedan sentirse a salvo, ellas sacan fuerzas de la esperanza. “Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. El haber pasado por situaciones tan difíciles como es la violencia en el ámbito familiar y posteriormente la institucional y con las consecuencias que ello acarrea, la resiliencia que se alcanza es muy alta y el pensar que existe la mínima posibilidad de que el bienestar de los hijos y el tuyo pueda dar cabida en un futuro hace que te levantes de cada una de tus caídas”, añade Fuentes. 

 

 

 

Y lo que tienen claro es que no van a callar. Por ello este jueves 27 por la tarde se manifestarán arropadas por el movimiento feminista MDM para denunciar que las quieren calladas y sumisas. “Solicitamos ante las Juntas Generales de Álava de forma conjunta entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos IU y con el apoyo de la red de resistencia contra el SAP, nuestra comparecencia para exponer la Violencia Institucional que estamos sufriendo y la mayoría de PNV y PSE ha vetado la oportunidad de escucharnos como ciudadanas que somos. Desde aquí, les recordamos que la falta de voluntad política para procurar protección de los derechos constituye una infracción de las obligaciones por parte de los poderes públicos vascos para erradique la violación de sus derechos y el maltrato institucional, perpetuando y siendo por tanto cómplices de la situación en la que nos encontramos”, finalizan. 

 

Nuria Coronado Sopeña es periodista, conferenciante y formadora en comunicación no sexista. Además es autora de Mujeres de Frente y Hombres por la Igualdad (Editorial LoQueNoExiste); Comunicar en Igualdad (ICI), documentalista de Amelia, historia de una lucha (Serendipia) y Premio Atenea 2021 @NuriaCSopena