En los últimos tiempos son bastantes los sucesos acontecidos en nuestro país y en el mundo entero sobre menores que han sido víctimas, mortales o no, de la violencia ejercida contra sus madres. En base a los diferentes estudios e informes realizados sobre las mujeres víctimas de violencia de género y los menores a su cargo, cabe reflexionar sobre si podemos imaginar el dolor tan extremo y las secuelas que implica para una persona la violencia ejercida sobre sus seres más queridos con el fin exclusivo de causarle el máximo daño. A ese dolor son sometidas muchas mujeres cuando su agresor pone fin a la vida de las personas que más quiere, sus hijos y sus hijas, con el fin de causar el mayor tormento contra estas. La violencia vicaria no se ciñe a la materialización de violencia contra la mujer, sino que pone en riesgo la supervivencia de sus vástagos.   

En España, tal y como recoge la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género desde el año 2013 se han producido 46 casos de menores asesinados víctimas en casos de violencia de género contra su madre. En el año 2021 perdieron la vida en España 7 menores, existiendo denuncia previa en 4 de los casos. A fecha de 20 de enero de 2022 ya se ha recogido el caso de un menor víctima mortal de violencia machista. 

La violencia de género se cobra anualmente la vida de muchas mujeres, según los datos recogidos desde 2003 han perdido la vida 1126 mujeres. En 2021 fueron 43 las víctimas mortales de violencia de género en España y a 20 de enero de 2022 ya se ha da dado el caso de 1 mujer víctima mortal.  

Partiendo del reconocimiento del grave problema que supone la violencia de género que se sigue perpetuando en la mayor parte del mundo y cobrándose la vida de tantas mujeres, siendo conocedores además de la dificultad que conlleva su erradicación y estando la violencia de género en continuo cuestionamiento, no podemos olvidar a los y las grandes olvidadas, los menores que sufren esta violencia y cuya voz está lejos de ser escuchada.   

Existen numerosos estudios que recogen las graves consecuencias a las que quedan expuestos los y las menores víctimas, tales como estrés, depresión, cambios en su estado de ánimo, bajada en el rendimiento escolar, etc… No sólo se vulneran sus derechos, sino que se atenta contra su supervivencia reduciéndose su existencia para el agresor a producir un dolor y menoscabo terrible tras su muerte a su progenitora.

Con la entrada en vigor el pasado mes de junio 2021 de la ley orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia se refuerza la importancia de la comunicación de cualquier tipo de violencia hacia menores, recordando además en su Título II el deber de comunicación de situaciones de violencia y haciendo partícipe de ello a toda la ciudadanía en su artículo 15 “Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.”

Uno de los mayores retos de este grave problema pasa por la toma de conciencia sobre la violencia de género de todos y toda la ciudadanía y de los organismos y entidades competentes además de dejar atrás los cuestionamientos que en la actualidad enturbian una realidad que no sólo afecta a gran cantidad de mujeres, quienes en la máxima agresión de su agresión pierden la vida, sino también a sus hijos e hijas que, sin haber podido elegir a sus progenitores y ante la confianza que la cercanía de un ser querido aporta, terminan perdiendo la vida, siendo su muerte utilizada para destrozar y anular a su madre. 

Es primordial la puesta en marcha de todos los servicios, prestaciones y mecanismos que faciliten la toma de conciencia del problema social que nos compete en el presente artículo para garantizar el bienestar de toda la sociedad, haciendo mayor hincapié en el bienestar a todos los niveles de los y las menores. La falta de medios, la dilatación en determinados recursos por falta de personal o de presupuesto, va en detrimento de garantizar lo que consideramos primordial en nuestras vidas,  vivir sin miedo y erradicar la violencia machista en todas sus expresiones.