Según un estudio realizado por Observatori del Sistema Universitario de Catalunya (OSU), la medida beneficiará a medio millón de estudiantes de grado y otros 130.000 que cursan máster se verán influido por el descenso obligatorio de estas tasas. Todas las comunidades autónomas se tendrán que acoger a este descenso de precios, menos el Principado de Asturias, la única que cumple con la normativa.
La rebaja se produce debido al acuerdo obtenido hace dos años con el Ministerio de Universidades para controlar los precios de las universidades públicas, disparados tras el cambio que implantó el anterior ministro de educación del partido popular, José Ignacio Wert. Tras esto, algunas regiones alzaron los precios hasta el extremo de que el coste de estudiar una carrera llega a incluso triplicarse según la zona en la que se estudie.
Hay siete comunidades que tienen que bajar los precios: Madrid, Euskadi y Baleares, que todavía no han comenzado, y Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, que han empezado la labor pero les falta reducir. Especialmente llamativo es el caso de la capital del país, que tendrá que reducir el coste de sus matrículas casi 300 euros.
El tope establecido se encuentra en 18,46 euros por crédito, y la reducción no es homogénea en cada territorio pues no parten del mismo sitio. También hay que valorar que no todas las carreras cuestan igual, por ejemplo, las de letras son más baratas que las de ciencias, pues conllevan menos gasto en equipamiento.
Otra de las preocupaciones del OSU es el precio de las segundas y terceras matrículas, que se incrementa de manera desmesurada
"El acuerdo realmente ha tenido relativamente pocos efectos prácticos, poca modificación de las conductas: las comunidades que estaban bajando los precios han seguido haciéndolo y las que no, no", señala la responsable del OSU, Vera Sacristán. Las comunidades que se aprovecharon de poder subir los precios tienen que ponerse al día de cara al próximo curso universitario y en algunas, el descenso es notorio.
La decisión ha sido aprobada por el Consejo General de Política Universitaria y es de cumplimiento obligatorio. El 90% de los másteres se ha quedado fuera del acuerdo y solo tienen que atenerse a no subir los precios