Tras el parón navideño las negociaciones vuelven a la mesa, de nuevo la ‘Ley Mordaza’ copa los diálogos. Al Ejecutivo de coalición le faltan 22 votos para conseguir la mayoría y los socios de gobierno parece que no van a poner fácil la tarea.
Hoy, miércoles, comienzan las labores de modificación de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana aprobada por el Partido Popular en 2015 y que fue duramente criticada por la oposición, así como por diversas organizaciones pro-derechos humanos. La base para comenzar a trabajar se ha demorado más de un año y ha venido de la mano del PNV, que registró el pasado año una iniciativa a la que los partidos de Gobierno presentaron sus enmiendas.
Antes de comenzar a trabajar el Ejecutivo ya estaba con la intención de adelantar trabajo para ceñirse a su plan de legislatura. Las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios solo han dejado constancia de que todavía no va a haber grandes avances.
Los socios de Gobierno no se han mostrado muy optimistas con estas negociaciones, temen que se pueda tratar de una reforma “cosmética” y “descafeinada”. Lo han comparado con la reforma laboral, que a una parte de los aliados ‘circunstanciales’ del Ejecutivo, no ha terminado de convencer.
"Necesita, al menos, 176 votos a favor. Tendremos que llegar a entendimientos si se quiere sacar adelante”
Ahora bien, si la reforma laboral precisaba de una mayoría simple, es decir, más síes que noes, la ‘Ley Mordaza’ va a necesitar de más apoyos, puesto que precisa de una mayoría absoluta. Desde el PNV mandan un mensaje con esto al Poder Ejecutivo: hay que negociar sí o sí. “Varios grupos que han dicho públicamente que no apoyarán esta reforma que necesita, al menos, 176 votos a favor. Tendremos que llegar a entendimientos si se quiere sacar adelante”, han sentenciado los nacionalistas vascos.
Hay varios puntos sensibles en los primeros planteamientos que la coalición ha presentado, las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad y las multas por negativa a identificarse o faltar al respeto a un agente. Desde el Ministerio de Interior apuntan a que desde la aprobación de esta controvertida ley, casi el 50% de las sanciones se han interpuesto en base a estas razones.
Para Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, considera que estos artículos, permiten a los agentes sancionar sin ninguna justificación, puesto que el texto está redactado con una ambigüedad que permite una interpretación muy flexible del mismo aportando mayor credibilidad a las palabras del agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
PSOE y Unidas Podemos esperan tener el nuevo texto listo para finales de febrero, cuando, en caso de que todo saliera según los planes de la coalición, podrían aprobarlo en la comisión del Congreso y posteriormente en el Pleno.