La ley de vivienda se encalla en el CGPJ

El alto organismo judicial publicó el pasado viernes un informe alegando que el anteproyecto de ley de vivienda “invade las competencias” de las comunidades y “estataliza la propiedad privada”

Foto: Europa Press

La ley de vivienda se encalla en el CGPJ

El alto organismo judicial publicó el pasado viernes un informe alegando que el anteproyecto de ley de vivienda “invade las competencias” de las comunidades y “estataliza la propiedad privada”

Esta norma, actualmente en tramitación, es uno de los textos claves dentro del Gobierno de coalición. Entre sus medidas más relevantes se encuentran: la prohibición de vender en el futuro inmuebles que formen parte del parque público de vivienda social. algo que ha ocurrido en estos últimos años; la limitación de los precios del alquiler de zonas tensionadas, o el recargo del IBI a las viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años. El informe del CGPJ es preceptivo, pero no es vinculante, aunque se espera que el Ejecutivo se tome más tiempo para limar una ley que es de las más importantes de esta legislatura. 

 

 

El Consejo General del Poder Judicial sigue ejerciendo la mayor parte de sus funciones constitucionales a pesar de que lleva más de tres años con el mandato caducado y de que sus miembros no deberían formar ya parte del máximo órgano de Gobierno de los jueces. Una de esas funciones en la elaboración de informes preceptivos a la determinada legislación que se pretenda aprobar por parte del Gobierno, como es, en este caso, la futura Ley de Vivienda. El Gobierno esperaba aprobar su anteproyecto este mismo martes, pero parece que optará por esperar tras la decisión del CGPJ del pasado viernes de no aprobar el informe de uno de sus vocales, Álvaro Cuesta, y redactar un nuevo informe que alerta de supuestas deficiencias en esta legislación. Según los jueces, la nueva Ley “invade las competencias” de las comunidades autónomas y “estataliza el derecho a la propiedad privada”.

 

En lo relativo al primer argumento dado por el CGPJ para mostrar su rechazo al texto del Ejecutivo por una supuesta “invasión de las competencias”, la propia norma ya reconoce en su artículo 18 la autoridad de las propias autonomías para aplicar esta ley si lo consideran necesario. “A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado deberá realizarse por la administración competente en materia de vivienda”, apunta el artículo 18. 

 

El Consejo General del Poder Judicial aporta unos argumentos inválidos para tratar de demorar la Ley de Vivienda

Desde el propio Gobierno son conscientes que esta nueva normativa no se llegará a aplicar en comunidades gestionadas por el PP, como Madrid, donde los conservadores se muestran claramente en contra de la misma. Lo que permitirá es que en autonomías como Cataluña o Baleares, territorios que se muestran a favor de este texto, puedan aplicar las medidas amparados en una cobertura legal. Desde el Ejecutivo, en declaraciones al mismo medio, han mostrado su malestar por la postura de politización del máximo órgano del Poder Judicial.

 

Respecto al segundo de los argumentos esgrimidos en el informe del Consejo General, concerniente a una supuesta “estatalización del derecho a la propiedad privada”. Resurge de nuevo el debate sobre las naturalezas legislativas de los diferentes derechos, pues el derecho a la vivienda no está recogido como un derecho fundamental por la Carta Magna, como si ocurre con el derecho a la propiedad privada. 

 

Desde el Gobierno ya han dejado entrever la línea de actuación que van a llevar a cabo con este asunto. Al no ser vinculante el informe del CGPJ seguirán adelante con la ley sin llevar a cabo grandes cambios en cuanto se redacte el nuevo documento. 

 

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